Las empresas de infraestructura de AMX

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Ante la tibia orden por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que Telmex lleve a cabo la separación funcional de sus servicios al mayoreo, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (es decir, el sindicato de Telmex) amenazó con una huelga y publicó un lacrimoso comunicado en el que acusa al IFT de violar los derechos de los trabajadores, generar el quebranto de la empresa nacional (hasta donde se el dueño es Carlos Slim), y someterse a los intereses de AT&T, Telefónica y las televisoras.

El sindicato pretende olvidar que el 30 de julio del 2013, Telmex escindió las tres subsidiarias que son dueñas de las centrales telefónicas, redes de cable y fibra óptica y demás equipos necesarios para la prestación del servicio público que le fue concesionado; en pocas palabras, escindió a las dueñas de toda su red: Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA de CV, Alquiladora de Casas, SA de CV, y Renta de Equipo, SA de CV. Por medio de esta escisión, Telmex se deshizo de la totalidad de su red, la cual pasó a ser propiedad indirecta de la empresa holandesa Carso Telecom BV. Curiosamente, esta escisión le pasó de noche al IFT, quien ni siquiera ha considerado a la dueña de toda la red de Telmex, Carso Telecom BV, como parte del agente económico preponderante en telecomunicaciones.

El sindicato olvida, también, que los derechos de sus trabajadores están siendo respetados. El Informe de la Comisión Obrero Patronal de Telmex, entregado y publicado en septiembre del 2013 dice, a la letra:

“Teléfonos de México, en una estrategia vinculada al tema regulatorio, decidió la escisión de las Empresas CTBR, RESA y ALDECA, mismas que pasan a un holding de Bienes Raíces e Inmobiliario que ante una decisión de gobierno en turno, blinde los activos de Telmex. Ante este hecho el STRM acordó con la Empresa la firma de un convenio de respeto a lo pactado en los contratos colectivos y a los diversos convenios ya contraídos.”

En otra maniobra que se adelantó al tortuguismo del IFT, el 17 de abril del 2015, América Móvil escindió la totalidad de sus torres, sitios e infraestructura pasiva, dando lugar a la creación de Telesites. Cabe señalar que, una vez más, Telesites tampoco fue incluida como parte del agente económico preponderante en telecomunicaciones, a pesar de tener un control común con América Móvil, Telmex y Telcel.

Por tanto, ni Telmex ni Telcel son propietarias de las redes que usan, y las verdaderas propietarias no forman parte del agente económico preponderante en telecomunicaciones definido por el IFT. Así, la amenaza de huelga y el desplegado del sindicato de Telmex no son más que un espectáculo para aparentar que el IFT había tomado medidas radicales para mejorar el entorno competitivo y así poder obtener la autorización para prestar el servicio de televisión restringida. Si las redes de Telmex y Telcel ya son propiedad de empresas diversas a ellas, la separación funcional es una simple vacilada de burócratas que son incapaces de ver más allá de sus narices y darse cuenta que, en los hechos, América Móvil ya concretó una separación estructural de todas sus redes. Ahora simplemente hay que obligarlos a que las pongan a disposición de sus competidores de conformidad con lo establecido en la reforma de telecomunicaciones.

De los cuatro servicios esenciales que conforman el sector telecomunicaciones: telefonía, acceso a banda ancha, servicio móvil y televisión restringida, América Móvil excede los umbrales de preponderancia en tres de ellos. Con respecto a la televisión restringida, el gobierno de Carlos Salinas, al privatizar Telmex, consideró que fácilmente podría trasladar su dominancia a ese mercado y decidió prohibirle su ingreso. La estructura del sector no ha cambiado y si se autorizara a Telmex prestar servicios de televisión sin haber logrado la verdadera compartición de su infraestructura, se condenaría a la incipiente competencia al fracaso.

América Móvil ha hecho todo para esquivar la regulación del IFT y éste no ha realizado análisis alguno sobre el cumplimiento efectivo de las medidas de preponderancia. Así las cosas.

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