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La ganga para el 2016

Javier Tejado Dondé

 

 

 

 

Javier Tejado Dondé | El Universal | 15 de Septiembre 2015

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó al Congreso el paquete económico para el 2016. Tal como se anticipaba, y ante el complejo entorno económico, el Gobierno Federal anunció diversas medidas que le permitirán mantener finanzas públicas sanas, en un contexto de bajos precios del petróleo, y así poder reducir el déficit de las finanzas públicas como proporción del Producto Interno Bruto. Tal como lo había advertido previamente el secretario Videgaray, fue el propio gobierno quien tuvo que empezar a “apretarse el cinturón”, reduciendo gastos de operación en rubros como pagos por servicios de honorarios y asesorías. Pero también habrá un fuerte recorte en el número de burócratas, no sólo de honorarios sino también de confianza.

Se ha anunciado también la revisión y reducción de programas sociales en el presupuesto de egresos de 2016, ante lo que vale la pena preguntarse si existen otro tipo de programas o proyectos que deben ser analizados, modificados o hasta eliminados.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que un proyecto como es el de la Red Compartida Mayorista en la banda de 700 MHz —sobre cuya viabilidad existen dudas fundadas de operadores y especialistas — sea objeto, en la Ley Federal de Derechos, de un dramático abaratamiento de lo que pagaría el ganador de este proyecto.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso para el paquete económico 2015, el Estado recibiría el equivalente a 2 mil 100 millones de dólares vía el pago de derechos durante 20 años. Sin embargo, para el paquete 2016 se está proponiendo una reducción dramática, de 88%, lo que resultaría en que el pago total por derechos durante 20 años se caiga a tan solo 215 millones de dólares. ¡El gobierno dejaría de recibir un mil 885 millones de dólares! Se trata pues de una ganga enorme la que la SHCP está pidiendo apruebe el Congreso.

Recordemos que la Red Compartida es uno de los proyectos contemplados en nuestra Constitución, que nació como una ocurrencia del Pacto por México. Pero, cuando el proyecto fue concebido, las circunstancias del país eran distintas, además de que la labor de la SCT para implementarla muestra un rezago importante: no han publicado las pre bases de la licitación y van lentos en su instalación pues debió iniciar en 2014.

La triste realidad es que con el modelo de Red Compartida, el Estado dejará de percibir importantes recursos que podría haber recaudado en caso de licitar ese espectro entre distintos interesados.

Por otra parte, el 17 de julio la SCT publicó los Criterios Generales de la Red Compartida que, lejos de generar una mayor certidumbre en torno al proyecto, generan más dudas para los posibles interesados. Aun cuando la Constitución señala que la red mayorista aprovechará los recursos de la red troncal de fibra óptica de la CFE, los Criterios señalan que aún se está analizando la posibilidad de aportar sólo un par de hilos de dicha fibra. Asimismo, contrario también a la Constitución, dichos Criterios no prevén el aprovechamiento de otros activos del Estado, como la infraestructura de bienes inmuebles, edificios y postes.

Dada la situación económica actual y el nivel de incertidumbre que genera el proyecto de la Red Compartida, es probable que los inversionistas extranjeros no muestren gran interés en participar en la licitación pública para desplegarla y operarla, la cual se prevé inicie hacia la última parte de este año. Por ello, ¿no sería conveniente dar marcha atrás al proyecto y que el Estado recaude los recursos que le aporte el mercado por un espectro radioeléctrico tan valioso para la prestación de servicios móviles? Pues dinero claramente no nos sobra para estarlo gastando en ocurrencias.

Ante el apremio financiero que se vive, se podría encontrar una salida positiva al ofrecer el espectro radioeléctrico a operadores que incluso, como se ha hecho en otros países, compartan la infraestructura pasiva que les permita cubrir el territorio nacional. Es preferible concretar un arreglo en este sentido, que monopolizar en un ente la banda de 700 MHz, a cambio de que el Estado reciba ingresos menores. Ello no implica renunciar al objetivo de brindar acceso de banda ancha a la población más marginada, basta con establecer obligaciones específicas de cobertura a los nuevos operadores, tal como se ha hecho en los países más avanzados en la materia.

Cabe señalar que los Criterios Generales de la Red Compartida chocan con las medidas que implementará el Gobierno Federal en materia de adelgazamiento de la burocracia, pues prevén la creación de una nueva dependencia oficial, un organismo descentralizado responsable de adjudicar el proyecto de red compartida al licitante ganador, así como de celebrar, administrar y vigilar el contrato respectivo.

Así que no sólo se malbarata un bien del dominio público, el espectro, sino que también se dejan de percibir millonarios recursos y se crea más burocracia. Que alguien le explique esto a las millones de familias que están viendo afectado su ingreso o a los miles de burócratas que van a ser despedidos por recortes presupuestales. No creo que sea consuelo decirles que fue un acuerdo del “Pacto por México”.

Finalmente, la falta de un rumbo claro con el proyecto de la Red Compartida sólo ayuda al preponderante del sector telecomunicaciones (AMX), al evitar que algún competidor logre tener una huella nacional para ofrecer servicios de banda ancha móvil. Así, una de las mejores bandas para avanzar las telecomunicaciones en México, no se licita a una competencia abierta, ni el gobierno logra armar un plan que con certeza le sirva al país.

Cambiando de tema: Interesante el estudio de Ernst & Young que menciona los más recientes hábitos de consumo en Medios por los mexicanos: pasamos frente a la computadora 8.5 horas diarias; 4 horas con la televisión radiodifundida; 3.8 con el servicio de TV restringida; 3.2 horas escuchando radio; y, apenas media hora en periódicos o revistas. El estudio también señala los medios que más influyen en la compra de productos de consumo y los ordena: la TV, el Internet, la radio, los periódicos, las revistas y los cines.

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