Inversión pública y redes

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wef logoRodrigo Perez  Alonso

Excélsior

La semana pasada, el Foro Económico Mundial publicó —como lo ha hecho en los últimos 12 años— el reporte Global de Tecnologías de la Información 2013, estudio donde se analizan con detenimiento los factores más importantes que llevan a que una economía esté lo suficientemente preparada en distintos ámbitos para las redes de telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Entre los factores que se estudian está el ambiente político regulatorio —que incluye la efectividad del Congreso en crear leyes de telecomunicaciones y la efectividad de las propias leyes de telecomunicaciones—, el ambiente de negocios e innovación, la infraestructura digital y la accesibilidad de precios de los servicios de telecomunicaciones.  En el caso de México, el Foro Económico Mundial nos ubicó en el lugar 63 del Índice de Conectividad, una mejor calificación que la del año pasado (lugar 76 de 144 economías).

Si bien la medición para los países mencionados se hizo en su gran mayoría para el 2012, cuando todavía no se introducían las reformas en materia de telecomunicaciones que ahora se discuten, el avance es significativo con respecto a los años anteriores por diversos factores. Si nos abocamos únicamente al ambiente político regulatorio antes mencionado, cabe destacar que en las campañas políticas presidenciales se mencionó por primera vez con seriedad la necesidad de contar con una agenda digital. A su vez, la Cofetel ganó importantes batallas judiciales en temas como las tarifas de interconexión, se sentaron importantes precedentes judiciales en contra de otorgar suspensiones y el Congreso continuó estudiando y legislando en materias que antes parecieren intocables.

Sin embargo, ahora nos encontramos con una coyuntura distinta a la que se midió durante este estudio. La iniciativa de reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones ha sido durante las últimas semanas un referente en medios de comunicación y en distintos foros. En ella se articula por primera vez como política pública la necesidad de un plan nacional de banda ancha a través de regulación más efectiva del mercado de las telecomunicaciones y con medidas encaminadas a brindar mayor competencia a través de la inversión pública-privada de redes mayoristas de telecomunicaciones. El propio estudio del Foro Económico señala que el surgimiento de los planes de banda ancha en 2010-2011 en otras economías surgió principalmente a raíz de la crisis financiera internacional y la priorización en inversiones de infraestructura en planes de estímulo económico.

Por ello, recientemente el péndulo hacia la inversión pública en las telecomunicaciones ha sido visto con mejores ojos que hace unos años. En ese sentido, en la reforma de telecomunicaciones encontramos en los transitorios 15, 16 y 17 postulados que indican que, de ser aprobada, se seguirá esta tendencia mundial al ceder a Telecomm-Telégrafos un papel preponderante en esta inversión pública en redes de telecomunicaciones.

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