Ernesto Piedras
El Economista
La rápida evolución de las telecomunicaciones y el surgimiento de nuevas tecnologías más eficientes derivan en la conveniencia de que las políticas públicas realicen ajustes regulatorios oportunos que permitan el aprovechamiento de recursos escasos de los que dependen, como es el caso del espectro radioeléctrico.
Es ésa una de las razones para que, con fundamento en la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decretara la negativa a prorrogar o renovar las concesiones de la banda de 2.5 GHz, así como el inicio del procedimiento de rescate, con sus diversas etapas y fases, de todas aquellas que continúen vigentes.
¿Qué está haciendo el mundo al respecto?
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), brazo de telecomunicaciones de la ONU, es la encargada de promulgar y adoptar estándares tecnológicos a nivel internacional. Y, desde hace unos años, tanto la UIT como la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, han declarado que las frecuencias de la banda de 2.5 GHz son óptimas para otorgar servicios de banda ancha móvil de nueva generación, que ofrece capacidades mucho mayores a las que existen actualmente en el mercado.
De manera consecuente, diversos países -entre los que se encuentran EU, Inglaterra, Canadá, Chile y Brasil- han optado por implementar políticas públicas para la reasignación del espectro radioeléctrico con miras a promover un uso y aprovechamiento más eficiente del mismo en beneficio de la población. Con ello, no sólo se beneficia a los consumidores mediante tecnologías más eficientes a menores precios, sino que el acceso generalizado de la población a estos servicios permite obtener mayores ganancias a los operadores, además de contribuir a la reducción de la brecha digital, aumentando por consiguiente el bienestar social.
En México, han existido a la fecha 68 concesiones vigentes que se encuentran en manos de 11 operadores, entre los que destaca MVS, con 42 concesiones vigentes y 20 vencidas. Actualmente, con 190 MHz de la banda se ofrece servicio a poco más de 200,000 usuarios, mientras que, conforme a las recomendaciones de esos organismos internacionales, sólo se necesitan 40 MHz al aprovechar la banda para ofrecer servicios de banda ancha móvil a un número mucho mayor de usuarios, ya sea 3G o 4G, mediante redes WiMax o LTE.
Es precisamente esa eficiencia uno de los argumentos de la acción que emprende la autoridad del sector de telecomunicaciones. En efecto, el espectro se encuentra subutilizado actualmente, por lo que el gobierno emprende su recuperación para proceder con una asignación más eficiente del mismo.
¿Qué hacemos en México?
En México, el 28 de marzo del 2008, la Cofetel modificó el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para incluir en esta banda los servicios móviles avanzados, según las recomendaciones de la UIT. Ese mismo año resolvió que “se estima improcedente el otorgamiento de las prórrogas(…)”. Sin embargo, fue hasta el 2012 que la SCT declaró el inicio del procedimiento de rescate de la banda de 2.5 GHz, atribución que le concede la LFT, entre otras razones, por la introducción de nuevas tecnologías.
Esto no quiere decir que el gobierno despojará a los operadores de sus concesiones de manera arbitraria. Como expresó Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes: “Se respetarán los derechos de los concesionarios para presentar pruebas y argumentos que convengan a su interés, y derecho de audiencia, sin excepciones”.
Con un uso más eficiente del espectro, la banda de 2.5 GHz representa una gran oportunidad para ampliar cobertura y competencia en la provisión de servicios de datos móviles. Por ello, en todos sentidos, esta noticia abona en favor del mejor uso y aprovechamiento de la banda, lo que se traduce tanto en mayores ventajas para los consumidores y empresas, como para el gobierno en general.
No cabe duda de que el país requiere la pronta asignación de este espectro con el fin de ayudar a reducir la brecha digital con otras naciones, fomentando la productividad y el desarrollo económico en general. Como ya es tradicional en el sector, esto se podría ver amenazado por litigios que pueden retrasar la decisión y sus consecuentes beneficios. Esperemos que esta asignación se realice de forma adecuada, tomando en cuenta una consulta pública y experiencias internacionales exitosas.
Como en muchos otros temas del sector, es claro que en éste de la recuperación y posterior (¡ojalá muy pronta!) licitación de sus bloques a un mercado más competitivo, brotan diversas posturas de todo origen e interés. Confiemos que, por una de las pocas veces en la historia del sector a la fecha, prevalezcan los criterios de eficiencia operativa, de fomento a la competencia, de actualización tecnológica, de mejora regulatoria y, sobre todo, de maximización del bienestar social, que estas medidas anunciadas por la SCT representan.
