Regulación para 
la ubicuidad

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La posibilidad de que un usuario de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, pueda generar y recibir llamadas fuera de su Área de Servicio Local (ASL) constituye un componente importante del servicio de voz, denominado larga distancia.

Históricamente, los ingresos de los operadores de telecomunicaciones se componían principalmente por el tráfico de voz, derivado de la generación de llamadas locales, Larga Distancia Nacional (LDN) y Larga Distancia Internacional (LDI), siendo el componente de datos el que contaba con una proporción menor. No obstante, las condiciones tecnológicas y de mercado actuales han hecho prácticamente obsoleta la larga distancia.

En México, la tarifa de llamadas de larga distancia se establecía con base en la distancia geográfica de enlace y terminación de la llamada. Hoy en día, con el hecho de estar montados en una red de Internet, tanto nuestras comunicaciones escritas como las de llamadas (locales y de larga distancia) evitan ya esa añeja estructura tecnológica y de costeo, permitiendo aplicar la ubicuidad en la generación de llamadas, donde la distancia no ejerce un factor determinante en las tarifas.

Larga distancia en números

Esta situación ha derivado en una disminución en los ingresos de los operadores por concepto de llamadas de larga distancia, que al cierre del 2013 representaron únicamente 7.6% de los ingresos totales. En tanto que en el no tan distante año de 1995 representaban 55%, es decir, más de siete veces la proporción actualmente observada y que continúa a la baja…

En términos absolutos, el mercado de las telecomunicaciones alcanzó un valor total de 426,000 millones de pesos en el 2013, compuesto por los ingresos generados por servicios de datos, voz y televisión restringida. En el componente de voz, la larga distancia generó ingresos por 32,200 millones de pesos: 48.2% corresponde a la LDN fija, 26.8% a la LDI fija, 19.3% a LDN móvil y, por último, 5.7% a LDI móvil.

Regulación para la ubicuidad

Los recientes instrumentos de regulación sectorial reconocen el cambio tecnológico, las mejores prácticas internacionales y la capacidad de generar bienestar económico para los usuarios, a través de la reducción de costos y, por consiguiente, de precios finales. Por su parte, la declaratoria dicta la eliminación de cargos de roaming nacional para el agente preponderante en telecomunicaciones, es decir, la prohibición de realizar cargos a sus usuarios en el segmento móvil por la generación de llamadas cuando estén fuera del Área de Servicio Local (ASL) o región en la que contrataron el servicio. En días recientes, el IFT ha estimado que la eliminación del roaming nacional en la red del operador preponderante generará un beneficio económico para los usuarios móviles de 3,000 millones de pesos al año.

En tanto, la iniciativa de leyes secundarias pretende extender sistémicamente los beneficios en términos de ahorro al bolsillo del consumidor, considerando la desaparición total de las ASL, a efecto de eliminar los cobros por larga distancia.

En perspectiva internacional, destaca que esta eliminación de la Larga Distancia Nacional se ha aplicado de facto, es decir, como parte de una práctica de mercado entre los competidores que han ofrecido minutos de llamadas móviles sin discriminar el origen-destino. Con todo, son múltiples los beneficios que se deben esperar de esta acción legal y regulatoria, materializables tanto para los consumidores (ahorros) como para la mayoría de los operadores del sector de las telecomunicaciones (eficiencia de costos y creciente capacidad competitiva).

 

Con todo, un elemento más para dar la bienvenida a esta ya tan largamente postergada actualización regulatoria de nuestras telecomunicaciones.

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