¿Existe una política fiscal para telecom?

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Ernesto Piedras/ El Economista.

La noción de política fiscal va más allá de un conjunto de reglas contables relativas a la captación tributaria (impuestos), a la formación del gasto público y al endeudamiento por parte del gobierno para la provisión de bienes públicos y la satisfacción de necesidades generales de la población. Además, se debe fundar en principios de eficiencia, referido a la obtención de las máximas contribuciones y su aplicación óptima, de acuerdo con las necesidades de gasto, para con ello asegurar el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo nacional. Con todo, asegurando el mínimo costo en bienestar social.

Sin embargo, pareciera que en México hemos llegado a pensar que dicha política fiscal se refiere sólo a aumentar las tasas impositivas o, peor aún, la variedad de peldaños que constituyen la escalera fiscal (IVA, IEPS, ISR, IETU, IMSS, Infonavit, derechos, cánones, etcétera), sobre todo a aquellos sectores más dinámicos. Entre otras afectaciones, esto viola el principio de eficiencia, al inducir una marcada distorsión en el comportamiento económico, impactando las decisiones de consumo e inversión. Posteriormente, resulta en una menor recaudación y desaceleración económica.

Particularmente, el sector de las telecomunicaciones ejemplifica este paradójico esquema, sobre el que además frena la adopción de servicios, especialmente de la población más desfavorecida.

Cabe preguntarnos entonces, ¿en qué consiste una política fiscal eficiente? Para ello conviene revisar la experiencia internacional en la aplicación de política fiscal, a manera de entrar en perspectiva y asegurar los mejores mecanismos de tasación impositiva. Por ejemplo, en Colombia, a partir de una reciente reforma tributaria, los smartphones y tabletas quedan exentos del pago de IVA, siempre que no excedan un precio tope establecido.

No obstante, en México todavía encontramos incongruencias en la legislación en materia de telecomunicaciones, ya que si bien a nivel constitucional se reconoce como derecho de todos los mexicanos el acceso a los servicios, con la debida contraparte del Estado en la procuración de cobertura universal y la satisfacción efectiva del derecho, la ley del IEPS impone gravámenes especiales a la conectividad, característicos de bienes y servicios de lujo. 

Este tratamiento además contradice los objetivos de política fiscal, al inhibir la apropiación del principal medio de acceso a las TIC, causando un costo en el bien estar de los potenciales usuarios y, en mayor medida, de aquellos hogares con menores niveles de ingreso que actualmente no cuentan con estos servicios.

En razón de lo anterior, no sólo debemos corregir las contradicciones en la legislación tributaria que lesionan este importante derecho fundamental, y que además aumentan la brecha digital e impiden la propagación de los efectos multiplicadores de las telecomunicaciones sobre la economía mexicana, sino que también debemos concentrar esfuerzos intelectuales en la construcción de una adecuada política fiscal que promueva el desarrollo de las telecomunicaciones y las TIC.

Es tiempo ya de construir un conjunto de reglas claras, estables y conducentes para la política fiscal nacional que, más que generar el riesgo de depredar el crecimiento del sector más dinámico del país, catapulte aún más su crecimiento y, sobre todo, su democratización en la adopción y sus beneficios.

Twitter: @ernestopiedras

Foto: http://www.freedigitalphotos.net

 

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