Después de la estrepitosa derrota del Partido Demócrata en las elecciones intermedias celebradas apenas la semana pasada en los Estados Unidos, el presidente Obama sorprendió con la difusión de una petición que hizo a la FCC, el órgano regulador de los sectores telecomunicaciones y radiodifusión en ese país, para que establezca un nuevo conjunto de reglas tales que protejan la neutralidad de la red.
Básicamente, el presidente Obama solicita a la FCC que reclasifique el servicio de acceso a Internet, para que en lugar de ser considerado como un “servicio de información” sea considerado como un “servicio de telecomunicaciones”, de manera tal que utilizando las facultades que sí tiene para regular este último servicio, sin caer en excesos regulatorios, garantice la neutralidad de la red.
Para ello, el presidente Obama solicita a la FCC que adopte un conjunto de principios básicos como son: 1) no bloquear; 2) no estrangular o regular el flujo de datos; 3) mayor transparencia; y 4) que no haya priorización de tráfico pagada.
Cabe decir que estos cuatro principios están incorporados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente en el artículo 145 de la misma. De acuerdo con este artículo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá publicar las políticas que podrán ser autorizadas para el tema de gestión de tráfico. Habrá que estar atentos en su momento a lo que haga el IFT en este tema, que debería ser objeto de consulta pública, sin duda alguna.
Ahora bien, me gustaría hacer énfasis en una cuestión intrínseca en la petición que hace el presidente Obama a la FCC: la autonomía del ente regulador.
En el debate que se suscitó en medios a raíz de que la Casa Blanca difundió la petición del presidente Obama a la FCC, no identifico que se haya asomado en dicho debate -siquiera un ápice- alguna crítica o denuncia sobre la presunta intromisión del presidente Obama en el quehacer de la FCC, el órgano regulador independiente. El presidente Obama no deja de reconocer la independencia de la FCC, pero ello no significa que no puede opinar sobre temas de telecomunicaciones o radiodifusión.
En el Reino Unido, donde también existe uno de los modelos de órgano regulador autónomo más destacados a nivel internacional, como es el caso de Ofcom, no sólo es común ver que el secretario de Estado para la Cultura, Medios y Deportes (DCMS) emite “direcciones” a Ofcom. Se trata de instrumentos plenamente previstos tanto en la Ley de Comunicaciones, del 2003, como en la Ley de Telegrafía Inalámbrica, del 2006, mediante los que el gobierno da indicaciones al órgano regulador para que estudie determinado asunto en materia de redes o espectro, o bien, para que implemente las medidas que sean necesarias para cumplir con determinados objetivos. Sobra decir que el DCMS ya ha emitido diversas direcciones a Ofcom.
Lo anterior lo traigo a colación, porque pareciera que en México hay quienes se aferran en sostener que una vez que se creó el órgano constitucionalmente autónomo para regular a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, tanto el poder Ejecutivo como el poder Legislativo deberían cortarse las manos y taparse los ojos, para ni siquiera insinuar alguna cuestión sobre la actuación del IFT. Se trata sin duda de una concepción equivocada que no tiene referencia en la doctrina internacional.
El tema no es menor, sobre todo a raíz de las recientes actuaciones del IFT en materia de portabilidad. Pareciera que la discusión sobre la autonomía del órgano regulador en México merece una revisión seria.
*El autor es senador de la República.
