Gerardo Flores Ramírez/ El Economista
El día de ayer, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto presentó la Estrategia Digital Nacional, cuyo propósito fundamental es lograr un México digital, en el que la adopción y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) maximicen su impacto económico, social y político, en beneficio de la calidad de la vida de las personas.
Dicha estrategia establece cinco grandes objetivos, que se consideran indispensables para impulsar la transición de México a una sociedad de la información y el conocimiento: (i) Transformación Gubernamental; (ii) economía digital; (iii) educación de calidad; (iv) salud universal y efectiva, y (v) seguridad ciudadana.
En torno a estos cinco grandes objetivos, se plantean 23 objetivos específicos o secundarios, dentro de los cuales destacan: acciones para lograr un gobierno abierto; instrumentación de una ventanilla única nacional para trámites y servicios; aseguramiento de inclusión financiera mediante esquemas de banca móvil; adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendiza je del Sistema Educativo Nacional; desarrollo de una agenda digital de cultura; establecimiento de un padrón general de salud; implementación de mecanismos de telesalud y telemedicina; desarrollo de instrumentos digitales para la prevención social de la violencia, así como el uso de las TIC para prevenir y mitigar los daños causados por desastres naturales, entre otros.
Una revisión al documento que contiene la estrategia presentada permite observar que se encuentra plenamente alineada con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en vigor desde el pasado 12 de junio del presente. Desde mi punto de vista, la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, Alejandra Lagunes, sorteó de manera exitosa el primer desafío que tenía frente a sí, que era conformar una estrategia gubernamental a partir de la coordinación y colaboración de las distintas instancias que integran el Estado mexicano. El siguiente gran desafío será la implementación exitosa de esta estrategia, que en varias aristas escapa a su control, como en el caso del despliegue exitoso de infraestructura de acceso de banda ancha. Naturalmente todos esperamos que el Ejecutivo federal logre un enorme éxito por lo que hace al segundo gran desafío.
En otros menesteres
Como todos sabemos, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica estableció un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión, en adición a diversas adecuaciones al marco jurídico vigente, expidiera un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
La abultada agenda de reformas que han estado en discusión en ambas cámaras ha complicado poder cumplir con la fecha límite que prevé la Constitución. Al respecto, no podemos pasar por alto que, tal como he indicado en diversas instancias, resulta altamente complejo el construir un marco de convergencia plena que sea igual de eficaz tanto para redes de telecomunicaciones como de radiodifusión, basta simplemente revisar lo que han sufrido importantes órganos reguladores en otros países para intentar conseguir dicho objetivo. Por más prisas que tengan algunos que quieren legislar con el hígado, no podemos poner en riesgo la eficaz instrumentación de la reforma. Si queremos que tanto el sector telecomunicaciones como el de radiodifusión funcionen de manera eficiente, que generen mayor bienestar para los mexicanos, no podemos poner en riesgo los incentivos a la inversión privada. Si se requiere más tiempo para construir en forma seria la legislación secundaria, yo no me opongo.
*El autor es Senador de la República.
Twitter:@gerardofloresr
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