IFT: ¿señales contradictorias?

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó los términos y condiciones de la Oferta de Referencia de Desagregación Efectiva de la Red Local (Oreda) presentada por Telmex, misma que entrará en vigor en el 2017. Esta oferta sustituye a la que ha estado en vigor durante todo el 2016, que nunca fue utilizada por ningún competidor. En este espacio hablé de las deficiencias de esa primera oferta autorizada por el IFT y las razones por las que resultaba económica y técnicamente inviable, y que, básicamente, hacía imposible replicar las ofertas tarifarias de Telmex a los usuarios finales, particularmente en el servicio de banda ancha.

Esta vez, el IFT sí tomó en cuenta las recomendaciones formuladas por los operadores durante el proceso de consulta pública y se observan cambios sustanciales que, en principio, implican un avance importante para mejorar las condiciones de competencia en México. Los cambios más significativos, a mi entender, consisten en la modificación de las tarifas, la pronta puesta en operación del Sistema Electrónico de Gestión y la posibilidad de que los operadores puedan desarrollar ofertas diferenciadas sin que sea necesario replicar los paquetes del preponderante. Estos cambios permitirán, en principio, dar un mayor dinamismo a los mercados de servicios fijos, particularmente al de banda ancha. No obstante, su efectividad dependerá de una adecuada supervisión por parte del IFT y de la oportuna resolución de las controversias que pudieran darse.

Se trata, en fin, de un paso en el sentido correcto, pero aún hay que avanzar en la modificación de las distintas ofertas de referencia que deberán estar vigentes para el 2018, particularmente las de compartición de infraestructura pasiva, tanto para servicios fijos como móviles; es decir, para el uso de las torres, postes y ductos del agente económico preponderante en telecomunicaciones.

Sin embargo, parece que el IFT manda señales encontradas. La cancelación de la licitación de la banda de 2.5 GHz y la adquisición por parte de Telcel de los 60 MHz concesionados a MVS ya está dando lugar a cuestionamientos sobre la actuación del IFT. Carmen Aristegui ha declarado en distintos medios que el premio a MVS por sacarla del aire fueron los 60 MHz en la banda de 2.5 GHz.

Hechos que empiezan a consolidarse parecen dar sustento a sus palabras: (I) MVS no pagó un centavo al gobierno de Peña Nieto por ese espectro; (II) debía invertir en una red de banda ancha y explotar las frecuencias antes del 31 de diciembre de este año, lo que nunca hizo; (III) hace dos meses, el propio IFT canceló la licitación de 130 MHz en la misma banda propiedad de MVS; (IV) la semana pasada Telcel anunció que adquiriría de MVS los 60 MHz por un monto no divulgado, pero que ronda los miles de millones de pesos y, por último, (V) MVS está a punto de lograr que el IFT convierta el obsoleto canal 51, que era para televisión restringida, en una concesión para televisión abierta en la Ciudad de México, sin licitación pública de por medio, con lo que tendría un nuevo canal de televisión abierta en la ciudad más importante del país, de manera ventajosa frente a Imagen.

Si los hechos señalados arriba se concretan, tendrán como consecuencia que el gran valor del espectro nacional, en lugar de ser aprovechado por el gobierno, sea monetizado por la familia Vargas, sin haber invertido un centavo, ni habiendo ganado licitación pública alguna.

Espero que el buen trabajo del IFT en la Oreda —que es la primera buena señal que manda el regulador a todas las empresas de telecomunicaciones— no se vea comprometido por una mala decisión que dé argumentos respecto a que la salida de la periodista fue pactada a cambio de beneficios a costa de la hacienda pública. Sería muy grave que la versión de la periodista y su grupo de corifeos fuese reforzada. Ojalá el IFT los pueda desmentir.

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