La semana pasada comenté en este mismo espacio que, no obstante el alto costo político que el presidente Peña Nieto ha tenido que pagar por las reformas estructurales, los beneficiarios del viejo orden han logrado que éstas no se cumplan a cabalidad y han tenido éxito en permear un discurso que las desacredita, con el ánimo de que no se apliquen o, de ser posible, para lograr una contrarreforma. Estoy consciente de que una contrarreforma expresa es políticamente imposible, pero siempre cabe la posibilidad del disimulo, de hacer como que las reformas se cumplen pero sin afectar los intereses de aquellos a los que iban dirigidas, limando sus aristas para que no duelan, para cambiar y que todo siga igual.
Por lo que hace a la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, más allá de la entrada al mercado de la tercera cadena nacional de televisión abierta y la baja de precios por la eliminación de la larga distancia, pocos han sido los resultados en materia de un mercado verdaderamente competitivo y sostenible a largo plazo. Todos los competidores del sector telecomunicaciones se han quejado de la ineficacia de las medidas de preponderancia impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a América Móvil (Telmex y Telcel). Son tan malas las condiciones aprobadas por el IFT que nadie ha utilizado las ofertas públicas de referencia de América Móvil para infraestructura pasiva, roaming nacional y desagregación de su red local. AT&T utiliza menos de 3% de la infraestructura disponible, Telefónica menos de 0.03%, y en el segmento fijo absolutamente nadie hace uso de la infraestructura pasiva de Telmex o de la desagregación de su red local.
A pesar de esta realidad, la burocracia del IFT ha reportado que América Móvil ha cumplido con todas las medidas asimétricas impuestas. De ser esto cierto, la única conclusión posible es que las medidas fueron mal diseñadas, ya sea por incompetencia o intencionalmente. La realidad es que el mercado de telecomunicaciones mantiene la misma concentración que tenía el día en que entró en vigor la reforma en telecomunicaciones, lo que habla muy mal de la implementación de la misma a cargo del IFT.
En mi opinión, el IFT tiene la consigna de eliminar la asimetría entre operadores establecida en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). Baso esta opinión en dos graves decisiones regulatorias:
1.- Disminución atípica de las tarifas de interconexión. Tan pronto entró en vigor la nueva LFTR que estableció la tarifa de interconexión cero por terminación de llamadas en las redes de Telmex y Telcel, el IFT tomó medidas para reducir las tarifas que éstas debían pagar a sus competidores en más de 40 por ciento. En pocas palabras, si Telmex y Telcel no pueden cobrar, los demás tampoco, o por lo menos no en la misma medida en que Telmex y Telcel habían venido haciéndolo a lo largo de más de veinte años. Una manera de eliminar la asimetría y emparejar a América Móvil con sus competidores, es reduciendo cada vez más las tarifas de interconexión que Telmex y Telcel deben pagar por terminar llamadas en las redes de estos.
2.- Compartición generalizada de infraestructura. Una de las principales medidas asimétricas en materia de preponderancia es la obligación de América Móvil de compartir su infraestructura pasiva a costo incremental promedio de largo plazo, de tal manera que los competidores la puedan usar para ampliar la cobertura de sus redes. La infraestructura pasiva son las torres, postes y ductos de los operadores. En el caso de América Móvil, esta medida ha sido absolutamente ineficaz. Como señalé arriba, AT&T utiliza menos de 3% de la infraestructura disponible y Telefónica menos de 0.03%, al tiempo que los operadores fijos no utilizan nada.
Ahora, una vez más, con el ánimo de eliminar la asimetría entre el preponderante y los competidores, el IFT pretende obligar a todos los competidores a compartir su infraestructura pasiva, incluso con el preponderante. Así, América Móvil y los competidores estarán en igualdad de circunstancias, matando por completo la asimetría establecida en la reforma en telecomunicaciones. La lógica es simple: lo que es obligación de todos es obligación de nadie.
