¿Huelga en Telmex?

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2018-04-25

El sindicato de Telmex amenazó con estallar una huelga el día de hoy en protesta por la orden del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que la empresa separe funcionalmente sus operaciones mayoristas respecto de los servicios que presta a los usuarios finales. Escribí este artículo ayer por la tarde, pero estoy prácticamente seguro de que no ha habido huelga; quizá alguna que otra marcha o bloqueo como medida de presión política, pero huelga no. Y es que, al tratarse de servicios públicos concesionados, el gobierno federal tiene atribuciones para ordenar la requisa de la empresa y mantener así los servicios operando. La última vez que el sindicato de Telmex efectivamente estalló una huelga, el gobierno, inmediatamente, requisó la empresa. Estoy convencido de que el sindicato no elevará su apuesta a ese nivel. Evidentemente, el sindicato quiere presionar para que el IFT posponga, suavice o de plano dé marcha atrás a la separación funcional, pero no se va a inmolar para que Telmex, dada su integración vertical y su altísima participación en el sector, siga obteniendo rentas extraordinarias derivadas de un mercado poco eficiente, en el que el control de la infraestructura sigue concentrado en sus manos, y que además tiene todos los incentivos para desplazar a la competencia con servicios mayoristas caros, tardíos y de mala calidad.

No se trata de un comportamiento extraño o poco predecible. Si las condiciones del mercado le permiten a una empresa maximizar sus ganancias y desplazar a sus competidores, es perfectamente razonable y lógico que lo haga, pero para eso está la autoridad reguladora, en este caso el IFT. En mercados eficientes, con poca concentración y competencia robusta, el interés por maximizar ganancias se traduce en mejoras en la productividad y, por tanto, en la reducción de precios. En mercados concentrados en un operador histórico que alguna vez fue un monopolio público, se requiere de la injerencia activa y firme del regulador para corregir las deficiencias que le permiten al operador preponderante obtener ingresos extraordinarios por la mera disfuncionalidad del mercado y de su control vertical de la infraestructura. Es decir, le permiten subsidiar ventas al menudeo con servicios mayoristas, de tal manera que al mismo tiempo que desplaza a sus competidores, recibe ingresos que en un mercado eficiente no recibiría.

Aunque la separación contable entre servicios existe desde los años 90, la realidad es que Telmex ha podido distribuir ingresos y costos con cierta libertad, lo que reduce de manera importante la inteligencia de mercado por parte del IFT, y, por tanto, su capacidad de supervisión activa y eficiente. Con la separación funcional, lo que el IFT pretende es dar claridad y transparencia a los activos, pasivos, costos de capital, costos de operación y utilidades de la unidad mayorista para, a su vez, cerciorarse de que los mismos términos y condiciones con que opera la unidad minorista de Telmex se hacen extensivos a sus competidores. De lo que se trata es de ver al negocio mayorista como un negocio en sí mismo, viable económica y comercialmente. No se trata de expropiar a nadie ni de privarlo del producto de su inversión y su trabajo.

Por ello, el IFT tiene la importantísima labor de asegurar la calidad y cantidad de los activos que se trasladen a la unidad mayorista, así como el sano balance entre inversión, ingresos y egresos que permita la sostenibilidad independiente del negocio mayorista. Aun sin tomar en cuenta que la propia Telmex ya se comprometió a respetar todos los derechos adquiridos de los trabajadores, el IFT deberá ser minucioso en el análisis de los pasivos laborales que se pretendan trasladar a la unidad mayorista. Cualquier error en este tema puede dar lugar a unos costos inflados artificialmente, con los que se trasladaría a los competidores la carga histórica de los contratos colectivos de trabajo de Telmex o, lo que es peor, se podría descapitalizar a la unidad responsable de dichos pasivos laborales y, ahí sí, afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.

En pocas palabras, la separación funcional, por sí misma, no debe afectar a los trabajadores; una mala separación, que traslade pasivos laborales injustificados y excesivos a la unidad mayorista, sí podría hacerlo.

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