Rodrigo Pérez Alonso/ Excélsior.
Ayer la Comisión Permanente hizo la declaratoria de reforma constitucional en materia energética.
Con la aprobación de 24 legislaturas locales, hasta ayer la reforma saltó la barrera de aprobación de la mitad más uno de las legislaturas locales que determina el procedimiento, y estará a la espera de la promulgación y publicación por parte del presidente Peña Nieto. Así concluirá un procedimiento histórico.
Por varios sexenios fue el deseo de cada Presidente en turno reformar el marco normativo para permitir, de una forma u otra, la participación privada en estas actividades consideradas estratégicas por mandato constitucional. Sin embargo, el costo político era demasiado alto y todos, sin excepción, tuvieron que claudicar ante los grupos de interés enclaustrados, la retórica nacionalista y el dogma de fe del buen gobierno expropiador contra los rapaces entes privados y/o extranjeros.
La retórica nacionalista ha sido hasta ahora muy rentable políticamente. Sin embargo, la realidad económica es otra: altos costos de los insumos energéticos para la industria, costos exorbitantes para los consumidores y una planeación centralizada de estas actividades, priorizando los ingresos del gobierno y no la competitividad.
Los riesgos estaban siempre en el Estado y no había incentivos para explorar yacimientos fuera de los que tuvieran una rentabilidad inmediata (en el caso de los hidrocarburos).
Con las reformas se crea un nuevo paradigma energético: se abre a la participación privada, se comparte el riesgo en la exploración y explotación de hidrocarburos y se permite la generación por parte de privados en la carga del sistema eléctrico. En la parte de gobernanza y regulación, se sacó al sindicato de Pemex del Consejo de Administración (órgano que debe ser exclusivamente de administración) y se crearon nuevos órganos regulatorios del Estado.
Quizás una de las partes más importantes para una reforma de esta índole, de acuerdo con Francisco Monaldi, profesor visitante de Harvard y experto en el tema energético, es que las compañías privadas deben poder anotar reservas energéticas en sus libros contables, de conformidad con las reglas de la SEC, para efecto de tener derechos relacionados con los ingresos de un proyecto determinado. La reforma entra en este tema con la única excepción de que las empresas deben señalar que los hidrocarburos son propiedad de la nación.
Con ello, diversas empresas -además de la CFE y Pemex podrán, por ejemplo, entrar a la explotación de las piedras de lutitas a través del fracking y se podrá alimentar al sistema eléctrico con energías renovables (sujetas a que bajen en el mediano plazo sus altos costos).
Una de las preocupaciones que saltan a la vista es la competitividad de Pemex y la CFE frente a otras empresas. Ambas tienen una carga laboral muy fuerte y siguen siendo sujetas a las ineficiencias del gobierno. Habrá que analizar cómo compiten con un nuevo marco pero con viejas prácticas.
Con esta reforma, México moderniza su sistema energético. Los efectos no serán inmediatos pero sí duraderos. Esperemos que todos los actores estemos a la altura de este cambio de paradigma energético.
Twitter:@rperezalonso
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