Esta semana será vital para la regulación de la portabilidad telefónica. Esto es la posibilidad de que los usuarios cambien de empresa telefónica (migrar o portar) conservando su mismo número telefónico. Es un tema de telecomunicaciones relativamente sencillo y en México ha existido desde 1995. La diferencia es que ahora la nueva ley de telecomunicaciones mandata que los usuarios de telefonía fija y móvil puedan cambiar de operador telefónico en un plazo de 24 horas. Esta posibilidad empodera a los usuarios de la telefonía a poder cambiar a la empresa que les ofrezca el mejor trato, la mejor calidad y el mejor servicio. Es simplemente un nuevo derecho expedito que tienen los más de cien millones de suscriptores de telefonía en nuestro país.
Pero este derecho no es bienvenido por la mayoría de las telefónicas que tienen cautivos y sin posibilidad de cambio a sus clientes. So pena de que pasen un largo periodo con sus teléfonos inactivos o en proceso de cambio entre empresas. En México no fue hasta 2008, esto es trece años después de que el concepto se redactó en Ley, en que la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones empezó a migrar números telefónicos con relativa sencillez, más no rapidez. El periodo actual es de poco más de 10 días y hasta ahora han migrado de número telefónico 11.3 millones de usuarios.
Las empresas telefónicas poco se han preocupado por dar una buena atención a sus clientes y en la práctica han logrado sabotear la portabilidad. Es hasta ahora que hay un mandato legal para que se realice este cambio en un plazo de 24 horas. Este plazo debe de iniciar a partir de este 6 de noviembre.
Pero el actual regulador de las telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pareciera estar leyendo el mandato del Congreso, contenido en el artículo 38° transitorio, de una manera sui generis: piensa que el mandato en ley es para dictar nuevas reglas y ampliar plazos. Lo que es francamente absurdo.
Si el regulador hace consultas para pedir tiempo, en detrimento de los consumidores, las empresas de telefonía le hacen eco para pedir más tiempo a favor de los ingresos que le generan clientes cautivos. Como ejemplo, el preponderante en telecomunicaciones, América Móvil quiere ahora 120 días hábiles más a partir de la fecha que había marcado el Congreso para iniciar la portabilidad en 24 horas. Así, el regulador y la mayoría de las telefónicas están preparando incumplir la ley, aunque se afecte a millones de consumidores.
Las alertas a lo anterior han sonado en el Congreso de la Unión e incluso amenazaron, ayer, con iniciar el proceso de remoción contra los comisionados del IFT que violen la nueva normatividad.
La nueva ley de telecomunicaciones empareja el terreno en el que compiten todos los operadores de telecomunicaciones y sobre todo tiene una serie de derechos para los consumidores. Por ello, el Congreso de la Unión estableció en ley que la portabilidad numérica es gratuita y es un derecho de los usuarios. No es una prerrogativa de los operadores.
Además de que el IFT se esfuerza para incumplir el plazo que le marca la ley, esta también ideando una serie de requisitos que no facilitan la migración de usuarios a la empresa telefónica de su predilección.
La portabilidad dentro del plazo de 24 horas no es un reto tecnológico, ni regulatorio. Sobre todo si se toma en cuenta que de alguna forma ya venía funcionando en nuestro país en plazos cercanos a una semana. El reto para el IFT es fundamentalmente el de simplificar al máximo un proceso a efecto de hacerlo menos engorroso para los usuarios. Para ello contó con un artículo expreso en ley. En otros países el cambio de empresas telefónicas en un mismo día es ya una realidad. Por ejemplo, el Reino Unido prevé también la portabilidad en menos de 24 horas.
Así que fuera de los enormes intereses económicos de los operadores telefónicos no se entiende porque el IFT está tan obstinado a incumplir un mandato legal a favor de los usuarios de la telefonía en México.
Esperemos no escale el conflicto entre el Congreso de la Unión y los comisionados del IFT. Sin lugar a dudas el Estado mexicano pierde en esta disputa e incluso se ponen en entredicho las reformas que tanto se han pregonado. Pero quienes más pierden son los consumidores mexicanos quienes aún no podrían escoger a su proveedor telefónico y cambiar a este en un plazo de 24 horas. Esta demora que plantea el IFT es completamente injustificada y sólo demuestra que cuentan más los intereses de las telefónicas, que de los consumidores, en su actuar cotidiano. Una pena.
Cambiando de tema…
Siguen tomando estaciones de radiodifusión para dar todo tipo de mensajes, ajenos a la programación de estas y el IFT no atina a establecer protocolos de operación para estos casos. En las siguientes semanas estas tomas van a incidir en la pérdida de mensajes de los partidos políticos con motivo de la elección federal. Así que cuando menos habrán de explicar el IFT y concesionarios a la autoridad electoral que está pasando en Guerrero, Oaxaca y Durango.
