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El gobierno y la televisión digital


En México estamos en el proceso de implementar la transición a la televisión digital que requiere el cambio de cámaras en los estudios de TV, de transmisores en las antenas y, desde luego, del reemplazo de todos los equipo televisores que toman la señal vía aire. Se trata de un cambio mucho más radical que cuando la TV en blanco/negro pasó a ser a color. En los años 60, los televisores en blanco y negro siguieron sirviendo pese a la modificación, mientras que el cambio de estándar de TV analógica a digital hará obsoletos todos los televisores analógicos.

El canje que se está haciendo permitirá a los televidentes recibir la señal y el audio con mucho más calidad, pero sobre todo le permite al Estado reacomodar el uso de frecuencias para optimizar el espectro radioeléctrico. Este reajuste en Estados Unidos le permitió a la hacienda pública recaudar 19.6 mil millones de dólares.

En México se fijó por decreto que en el último día del año entrante (2015) se apagarán las señales de TV analógica, lo que significa que se debieron haber tomado varios pasos para llegar a esa fecha y que el apagón funcione de manera exitosa. Justo ahí es donde empiezan las preocupaciones.

Uno de los temas que más preocupación genera es el relacionado con la repartición de televisiones digitales que actualmente se lleva a cabo. El programa de repartición de estos equipos prevé la entrega sólo del aparato receptor, no de una antena aérea para la adecuada recepción de las señales de Televisión Digital Terrestre (TDT). Se supone que las nuevas televisiones tienen la posibilidad de recibir las señales de TDT sin necesidad de una antena aérea, sin embargo, ello es posible sólo en zonas donde la señal se recibe sin absolutamente ningún problema. Sería preocupante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encargada de la repartición, suponga que los televisores repartidos no requerirán del apoyo de una antena aérea, porque eso pone en riesgo la eficacia del enorme esfuerzo de repartición que ha emprendido, sobre todo porque el día que se lleve a cabo el apagón analógico puede darse un escenario en el que miles de hogares no puedan recibir la señal de TV digital aun cuando ya cuenten con el televisor adecuado.

El tema de las antenas no es menor. Ahí está el caso de España que recientemente reordenó el espectro destinado a TV digital, de cara a la liberación del dividendo digital. Este reordenamiento implicó que el gobierno español destinará cerca de 300 millones de euros para sustituir las antenas aéreas de cerca de un millón de edificios de departamentos en ese país, a efecto de que las personas que viven en esos condominios no se queden sin cobertura digital.

Vale la pena destacar que apenas hace dos años el gobierno español había anunciado que el costo de la instalación o sustitución de las antenas tendría que ser absorbido por los propios usuarios. Sin embargo, hoy la situación es diferente y ante un tema político y económicamente sensible el gobierno ibérico modificó su postura y ahora anuncia que absorberá el costo de la reantenización, como le llaman.

A esta complejidad hay que agregar el hecho de que entre hoy y la fecha establecida en la Constitución para el apagón analógico restan 14 meses, plazo durante el cual deberán repartirse cerca de 13 millones de televisiones y asegurarse que esos millones de hogares reciben efectivamente la señal digital. No se trata de desacreditar lo que se ha hecho, sino de hacer una llamada a tiempo para redoblar los esfuerzos y evitar que el apagón analógico pueda llegar a traducirse en un foco de descontento social.

Aunado a este complejo panorama está el hecho de que otra autoridad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que si bien no reparte televisores es quien ordena a las estaciones de TV apagar la señal analógica, ha optado por tomar decisiones relacionadas con la transición a la TDT prácticamente sin escuchar a los concesionarios a través de los mecanismos formales que existían. En este caso se encuentra el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión (CCIDR), que ha dejado de operar y en el que anteriormente coincidían los reguladores (la extinta Cofetel) y representantes de las estaciones de TV. Esta falta de diálogo en particular afecta a las televisoras públicas, según publica mi colega Gabriel Sosa.

El cierre o desaparición de este mecanismo de diálogo es un signo de preocupación, porque pareciera indicar que el IFT ha decidido que él solo puede determinar cuál es la mejor manera para lograr los pasos que deben darse para que el 31 de diciembre de 2015 haya la menor cantidad de contratiempos posible. Ojala sea el caso, pero siempre es mejor ir acompañados que solos en procesos técnica y socialmente complejos.

Por lo pronto, el apagón de la TV analógica va adelante y el gobierno federal se apunta para ser el ganón de una exigencia planteada por el PAN y el PRD. Si se mantiene la fecha del apagón para diciembre de 2015, como marca la Constitución, el gobierno federal por conducto de la SCT y la Sedesol repartirán millones de televisores en año electoral, incluso con logotipos tricolores. Si, por el contrario, el PRD y PAN quieren que se detenga el reparto de TVs, tendrán que ser ellos quienes planteen la modificación de la Constitución. Así que para el gobierno es un escenario de ganar, ganar.

 

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