Javier Tejado
Reforma
La semana pasada fue la despedida de la radiodifusión con el Presidente Calderón. No recuerdo un evento tan cordial y agradecido como el que la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión tuvo con el Presidente saliente. Y es que razones había: I) es la primera ocasión en la que ninguna concesión de radiodifusión está vencida y su proceso de renovación ha sido con base en estrictos cumplimientos técnicos y económicos; II) la modernización tecnológica llegó vía la migración de la AM a la FM y la multiplicación de señales para estaciones de radio y TV -algo que les ha servido a los canales 11 y 22; y, III) este Gobierno respetó la libertad de expresión de cada comunicador y grupo radiofónico.
Un “prietito” en el arroz fue la puesta en práctica de la reforma electoral. Sobre todo en lo que concierne al gran número de investigaciones que el IFE fue obligado a hacer, por partidos políticos, a estaciones de radiodifusión a las que se acusó trivialmente de vender entrevistas. La mayoría fueron exculpadas, pero el proceso se convirtió en uno en que cientos de comunicadores y estaciones tuvieron que probar su inocencia, limitando el flujo de información política, acotando entrevistas y dejando de ser transmitidos todo tipo de debates entre candidatos. Pero de este tema se culpa más al Congreso que al Presidente, cuyo partido (PAN) se vio en dificultades para poder competir bajo los criterios de la norma electoral.
En los pendientes de esta Administración quedará la licitación de nuevas estaciones de radio y TV. Se quedó a nivel de programa la licitación de 17 estaciones de radio en el sureste, las que están programadas para ser el piloto de cómo licitar. Es mejor experimentar con frecuencias menos valiosas y no al revés.
En buena parte, este retraso se debió al uso político que Mony de Swaan les quiso dar a las licitaciones de TV digital. Sin contar con el apoyo de la SHCP, para el tema de las contraprestaciones, pero también sin acuerdos para la compartición de infraestructura entre los nuevos entrantes con el IPN (Canal 11), con Conaculta (Canal 22) y con la Secretaría de Gobernación (canales que administra el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales), sin el apoyo de la Secretaría de Economía para la entrega de decodificadores digitales y sin el apoyo de ninguno de los otros cuatro comisionados en la Cofetel se lanzó en una aventura discursiva y protagónica.
Sólo él sabrá qué pretendió al fijar una fecha -30 de noviembre- de imposible realización sin el consenso de varias dependencias y sobre todo sin sus pares en la Cofetel. Y es que nadie quiso iniciar un proceso errático o que fuera detenido en tribunales. Ahora habrá de enfrentar las reclamaciones de todos aquellos a quienes les ofreció las licitaciones (El Universal, Grupo Imagen, Multimedios y Alejandro Burrillo), muchos de los cuales llamaron la atención por enviar, en septiembre, escritos casi idénticos, al Presidente de la República, en apoyo a las ideas de Mony de Swaan.
El contar con nuevas estaciones de TV es importante, pero también el nuevo Gobierno deberá pronunciarse al respecto. En particular se requieren definiciones sobre si las frecuencias disponibles de radio y TV se van a dedicar en su totalidad a concesionarios (para hacer negocio con las mismas) o si se van a reservar algunas para permisos (medios públicos). En particular, pues tanto el IMER como los Canales 11 y 22 distan de tener cobertura en todo el País y se estará agotando el espectro asignado para fines de TV radiodifundida.
En telecomunicaciones, todo apunta a que el nuevo Gobierno fortalecerá a la Cofetel y ya no creará una nueva dependencia, proceso que hubiera requerido la aprobación del Congreso. La nueva Administración deberá, sobre todo, avanzar en pendientes que les representen un ahorro en el bolsillo a los consumidores mexicanos: I) es clave que se reduzcan las áreas de larga distancia existentes en el País. Aquí hay un sobreprecio -aproximadamente de 400 millones de pesos al mes- que las familias más pobres pagan mes a mes de manera injustificada. Este es un tema que la Administración del Presidente Calderón trató de avanzar, pero la entonces Subsecretaria en SCT, Purificación Carpinteyro, se dejó ganar por Telmex (al darles una afirmativa ficta). Lo que al poco tiempo ocasionó su despido junto con un escándalo telefónico. II) aprovechar las recientes decisiones de la Corte para aplicar tarifas de interconexión, incluidas asimétricas; III) mejorar en la calidad de los servicios para que las llamadas no se corten (y se cobren de nueva cuenta al completarlas); IV) poner en marcha un plan de banda ancha que ayude a mejorar la conectividad en el País; y, V) en general, fomentar la competencia, para lo que se podrían crear tribunales especializados. Veremos cómo inicia una administración en temas complejos y que generalmente se estancan años en tribunales.
