Cuestión de respeto

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Federico González Luna

El Financiero

El día de hoy se promulgará por el Ejecutivo y el Legislativo la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, lo que significa que está muy próxima su publicación oficial y de ahí la activación de una serie de plazos generadores de obligaciones en diversas direcciones.

Uno de los casos más interesantes es el de la designación de quienes encabezarán el nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) empezará su vida jurídica un día después de que se publique la reforma. Sin embargo, a pesar de que tenga existencia propia, aún no tendrá quien lo encabece ni represente lo qué para fines prácticos significa que en realidad no existe.

Para el legislador fue evidente la necesidad de contar cuanto antes con los siete comisionados del IFETEL debidamente designados a fin de evitar que se atrase la aplicación de muchas disposiciones legales novedosas y trascendentes. Por ello es que la reforma establece plazos sumamente cortos, quizá apresurados, para la designación de las personas que ocuparán tan importante cargo.

Bien vistos, los plazos son aún más cortos si consideramos que el procedimiento de designación no tiene precedentes en México (quizá en el mundo); es complejo, abierto, general e involucra a muchas autoridades. Será como sigue:

1. Se integrará el Comité de Evaluación (CE) por el gobernador de Banco de México y los directores del INEGI y del INEE;

2. El CE emitirá convocatoria pública, recibirá las solicitudes y verificará el cumplimiento de los requisitos exigibles por parte de los aspirantes;

3. Previa opinión de dos instituciones de educación superior (por definir), el CE formulará el examen de conocimiento que aplicará a los aspirantes calificados;

4. Integrará listas de entre tres y cinco personas por cada puesto de comisionado, que remitirá al Ejecutivo. El CE concluirá sus actividades a los sesenta días naturales de iniciadas;

5. El Presidente de la República tendrá diez días naturales para seleccionar un candidato para cada vacante y turnará la propuesta respectiva al Senado, quien en diez días naturales resolverá sobre cada caso.

En aproximadamente 80 días naturales deberá integrarse completamente el IFETEL. Tal es el proceso formal.

En la parte política el proceso está por definirse (o por realizarse) y, como es usual, nada está escrito. Lo que debemos esperar e incluso exigir, es un escrupuloso proceso de selección técnica apegado a la Constitución.

Los requisitos establecidos por la Ley Suprema son altos, estrictos, por lo que quien cumpla con los mismos no debiera ser objeto de juicios adicionales por parte de ningún grupo o partido político.

Preocupa que aún antes de empezar el proceso ya se escuchan en diversos corrillos calificaciones o descalificaciones; ya se urden complots fruto de elevadas calenturas, se insiste en la importancia definitoria para el futuro de la patria para que tal o cual persona sea parte del IFETEL, y para colmo hay quien ya considera en exigir^ cuotas de poder partidista (faltaba más; ¡si para eso somos un régimen parlamentario í). En el fondo, ya se percibe el feo olor de la presión política.

Sería vergonzoso y un grave error histórico que la triste experiencia del IFE se repita en las telecomunicaciones, en que los organismos autónomos son vistos como cuotas de poder.

Por ello, debemos blindar el proceso mediante:

1. El respeto a las decisiones técnicas del CE, dejarlo trabajar y, quizá lo más importante, evitar a toda costa que sus respectivas instituciones se vean contaminadas (preocupa especialmente el Banco Central);

2. El respeto a la decisión -de por sí acotadísima- del Ejecutivo, y

3. El ejercicio binario por parte del Senado de sus nuevas facultades constitucionales. No le toca negociar y mucho menos hacer propuestas; debe limitarse a aprobar o desechar (quizá algo que faltó decir en el reforma).

El tropical procedimiento de selección mexicano será objeto de escrutinio internacional y debiéramos mostrar al mundo que sí podemos hacer lo que en la Constitución escribimos.

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