2018-03-19
El pasado miércoles, 14 de marzo, el Senado de la República llevó a cabo el foro “Fake News: Retos legislativos para las plataformas digitales”. En este espacio se reunieron diferentes expertos y representantes de la industria de medios que llamaron la atención sobre la importancia de atender el reto de las noticias falsas.
No debe sorprender el llamado del Senado respecto a este tema, menos en medio de un contexto tan sensible para el país como lo es el proceso electoral. El alcance de la difusión de fake news ha dejado ya casos emblemáticos a la vista: las notas falsas contra Hilary Clinton durante las elecciones estadunidenses de 2016, cifras falsas sobre migración durante el referéndum del Brexit en Reino Unido, entre muchos otros. América Latina no ha quedado fuera del alcance de las fake news y basta ver lo sucedido en el referéndum contra Dilma Rousseff donde 3 de cada 5 posts de noticias en Facebook eran falsos, o el caso de México donde se compartió información falsa durante y después de los sismos del 19 de septiembre.
Las distintas aristas de este fenómeno hacen que su control sea particularmente difícil de abordar. Siendo su principal medio de difusión, las plataformas de redes sociales y mensajería instantánea, medios no ideados para contenido noticioso, estas evolucionaron carentes cualquier tipo de controles editoriales y con modelos de financiamiento que recompensan la propagación “viral” de contenidos.
Esta estructura dificulta el combate a la dispersión de contenido falso o engañoso pues tanto permite como acelera su difusión sin mediación alguna. No obstante, algunos esfuerzos por parte de Facebook y Google, entre otros, ya se encaminan a modificar y perfeccionar sus algoritmos para prevenir su propagación.
En México, la población potencialmente expuesta es sustancial tomando en consideración que 91% de los usuarios de Internet manifiestan hacer uso de Mensajería instantánea de forma cotidiana y 81% de Redes Sociales, principales vías por las cuales circulan estos contenidos.
Debemos recordar que no todo el contenido que viaja por Internet es falso y, además, que la frontera entre opiniones y “fake news” puede ser difícil de definir. En este sentido, cualquier intento de regulación que incida de forma directa sobre la circulación de contenido puede suponer un conflicto con la libertad de expresión de los individuos.
De esta forma, más que intentar eliminarlas de un plumazo, debemos promover soluciones de fondo. Estas se pueden lograr, en el corto plazo, mediante la creación de herramientas que permitan comprobar la veracidad de la información que llega a nuestras manos, como lo ejemplifica el esfuerzo #Verificado2018. Mientras tanto, en el largo plazo, se debe apostar por la educación de la población en el uso crítico de cualquier fuente de información.
