Televisión digital

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Mucho se ha escrito, incluyendo en este espacio, en torno a la transición de la televisión abierta de su formato tradicional analógico al formato digital de alta definición.

Este proceso, natural por la mejora tecnológica, inició desde hace más de una década, en el distante 2004. En ese momento, la transición se planteó como un proceso gradual, estructurado a lo largo de seis periodos trianuales consecutivos, programados para concluir el último día del 2021. Sin embargo, las circunstancias cambiaron.

En el 2006 se publicó, después de un caluroso debate en el Senado de la República, el decreto de reformas a las leyes vigentes en materia de telecomunicaciones y de radio y televisión abiertas. Las nuevas disposiciones, conocidas peyorativamente como “Ley Televisa”, encaminaron de manera paradójica la evolución de la televisión abierta al escenario presente. Por principio de cuentas las reformas extrajeron, al menos formalmente, el futuro de la televisión del ámbito de decisión estrictamente político, al conferirle a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones el ejercicio “en exclusiva” de las facultades legales en materia de radio y televisión. También, abrieron en los hechos la posibilidad para asignar nuevas concesiones a través de procedimientos de licitación pública.

Los extremos de las nuevas disposiciones, sin embargo, no pudieron ser probados como catalizadores para el desarrollo del mercado de la radiodifusión. La pugna intenstina entre diferentes entes estatales sobre el control de la regulación de esta actividad concesionada, arrojó más litigios que resultados tangibles. Durante la administración del Presidente Felipe Calderón no fue posible licitar frecuencias de radiodifusión, ya sea sonora (radio) o audiovisual (televisión). No obstante, dos ideas propias de este largo periodo de seis años permearon de alguna manera a la realidad posterior a la reforma constitucional que rige a la actuación de las autoridades vinculadas a este sector, de acuerdo con las reglas y principios vigentes a partir del 2013.

La primera de estas ideas consiste en que la transición a la televisión digital terrestre debe culminar, a más tardar, el último día de este año. A partir de esta premisa, se han modificado y diseñado diversas acciones estatales, como el reparto gratuito de televisores a favor del segmento de la población definido como de escasos recursos. Todo se ha adaptado teniendo en mente la fecha fatal. Con el inicio del segundo semestre del 2015, inició también la recta final hacia el gran “apagón analógico”.

En segundo término, se estableció la obligatoriedad de convocar a una licitación pública para asignar frecuencias de televisión digital terrestre, agrupadas en dos “cadenas nacionales”. El nuevo regulador del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ejecutó la instrucción. Como todos sabemos, las dos cadenas fueron asignadas, sin embargo, sólo uno de los ganadores estuvo en aptitud de cumplir con sus compromisos y convertirse así en concesionario.

El IFT acaba de anunciar que, antes de que termine este año, volverá a convocar a una licitación con el objeto de asignar las frecuencias de televisión digital terrestre que quedaron disponibles después del primer proceso. Como notas distintivas de este anuncio, podemos advertir su prontitud, así como el hecho de que la agrupación de las frecuencias no necesariamente resultará en una cadena nacional.

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