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Nueva política

La transición de la televisión analógica radiodifundida, es decir de señal abierta y gratuita, al estándar digital conocido como TDT (Televisión Digital Terrestre), ha sido un tema recurrente en los últimos años.

De suyo, el proceso de transición es importante. Implica, en primera instancia, la prestación de un servicio masivo de comunicación de calidad muy superior al de la televisión analógica, en condiciones de gratuidad y cobertura universal a lo largo y ancho del territorio nacional, para que la población pueda consumir contenidos de audio y video asociado de carácter informativo, cultural y de entretenimiento, entre otros.

A pesar del notable avance en penetración de servicio que ha tenido la televisión restringida en las últimas décadas, gracias a los avances tecnológicos como la televisión directa al hogar vía satélite (DTH) y a la reducción de precios producto del entorno de competencia entre los diferentes operadores, la penetración de este servicio, cuya recepción por parte de la población precisa del pago de una suscripción, palidece aún respecto del obtenido hace muchos años por la televisión abierta.

Un beneficio adicional de la TDT que se puede experimentar instalando tan sólo una antena idónea a una televisión con capacidad de alta definición en ciertas ciudades de países como España y los Estados Unidos, consiste en el aumento de pluralidad y diversidad de la oferta de todo tipo de contenidos gratuitos, mediante la llamada multiplexación del espectro. Este proceso técnico permite difundir, dentro del canal asignado a los concesionarios, más de una programación. La suma de la oferta de contenidos en una zona de cobertura a partir de la multiplexación, ha llegado a configurar barras programáticas atractivas para la población que no accede por ingresos, o conveniencia, a los servicios restringidos o de paga.

Desafortunadamente, el valor del potencial de la TDT en nuestro país como un vehículo de comunicación masiva gratuita en beneficio de la población, se ha ubicado en un segundo plano respecto de dudosas necesidades de ocupación del espectro radioeléctrico. Durante toda la administración de Felipe Calderón se nos intentó convencer de la importancia de cesar apresuradamente con las transmisiones de televisión analógica, que son las que cuentan con una penetración universal en el país, ya que las frecuencias que se utilizan para ello supuestamente, deben ser utilizadas, con urgencia, en la modernización de otros servicios como la telefonía celular y el acceso a la banda ancha.

Fue así como una fecha, el 31 de diciembre de 2015, se convirtió en el eje rector de la política pública en torno a la transición de la televisión analógica a la TDT. Todos los demás elementos, como la necesidad de garantizar efectivamente, y no retóricamente, la continuidad de este servicio hoy reconocido como fundamental por nuestra Constitución, pasaron a segundo término.

El viernes pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, inició una consulta encaminada a la emisión de una nueva política de transición de la televisión analógica a la TDT. La consulta, y sus resultados en la conformación de la nueva política, nos presentan una oportunidad para alinear objetivos, de fondo (beneficios tangibles) y forma (fechas en el calendario), en beneficio de la población mexicana.

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