Finalmente, después de un retraso superior al semestre, la posibilidad de contar con una legislación secundaria convergente derivada de las reformas a la Constitución Política que entraron en vigor en junio del año pasado, se advierte próxima a su materialización. En la madrugada del sábado pasado, el Pleno del Senado de la República aprobó, por una amplia mayoría, el dictamen que le fue sometido por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos.
A pesar de la holgura con la que se obtuvo la mayoría en cada caso (25 votos a favor, 5 en contra en comisiones unidas; 80 votos a favor, 37 en contra en lo general; y 85 votos a favor, 12 en contra en 28 modificaciones durante la aprobación en lo particular), las sesiones resultaron maratónicas. Cualquier persona familiarizada con la capacidad retórica de los personajes que participan en este proceso, podría haber anticipado este hecho.
Resulta evidente, y me atrevería a señalar saludable, que un ordenamiento tan complejo como el que está en vías de aprobación concite diferencias de opinión. La extensión de lo que será la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, su naturaleza convergente y el impacto que se espera de esta regulación primigenia en los sectores involucrados, así como en la economía en su conjunto, generan un caldo de cultivo para la dialéctica. No obstante ello, los procedimientos legislativos, como el que se acaba de desahogar en el Senado de la República, prevén formulas para evitar que la sana discusión se convierta en parálisis.
Esta semana el camino de la iniciativa llamada a convertirse en Ley Convergente arribará a la Cámara de Diputados, órgano que fungirá como revisor de lo realizado por su contraparte legislativa. Dada la correlación de fuerzas políticas representadas en esta instancia legislativa, aunado al trabajo que durante muchos meses se ha desarrollado en torno a esta propuesta de legislación secundaria, se puede esperar que el tránsito no difiera de lo observado en el Senado de la República. En otras palabras, después de algunas discusiones de los temas ya identificados como irreductibles, habrá votación y finalmente aprobación de la minuta.
El siguiente paso en el proceso legislativo corresponderá al Ejecutivo Federal, mediante la sanción, promulgación y publicación de la nueva ley en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ese momento, el de la entrada en vigor de la nueva legislación, habremos de presenciar nuevos intentos por obstaculizar la instrumentación práctica del cambio estructural avizorado por la reforma constitucional. Así lo ha advertido la minoría legislativa que fue incapaz de obtener la mayoría en la votación llevada a cabo hace unas horas en el Senado de la República.
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