¿Gran calado?

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Eduardo Ruiz Vega/ La Razón

El `calado`, en el argot marítimo, significa la profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un barco. Se ha puesto de moda, en el discurso de nuestros políticos, calificar a las reformas constitucionales y legales que ha emprendido la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como de gran calado. El calificativo, claro está, no pretende señalar que estas reformas nos van a hundir como país, sino todo lo contrario. Atiende a que dada su profundidad, nuestra economía y sociedad emergerá del llamado subdesarrollo.

Es así como, desde su discurso inaugural en Palacio Nacional, Peña Nieto delineó con precisión su agenda reformista. Nadie puede cuestionar la determinación del Presidente en torno a sus palabras. Entendiendo la dificultad inherente a la conformación que ha tenido el Congreso de la Unión desde la segunda mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, en donde Los Pinos han tenido que convivir con un órgano legislativo que no controlan, el Ejecutivo Federal y su equipo han impulsado su agenda de cambios estructurales negociando, cediendo, pero concretando avances. Esto es innegable.

Tal vez, y esto lo habremos de ver en una línea de tiempo que aún se encuentra en pleno desarrollo, lo que no corresponde es la celebración de la retórica respecto de los hechos concretos. Y subrayo, esto está en duda. Ya que si al final, entendido como el periodo de duración de esta administración, los objetivos más importantes se logran, entonces la retórica habrá sido un anticipo de verdaderos logros de `gran calado`.

No obstante lo anterior, la preocupación en diversos sectores económicos y sociales empieza a aumentar. En materia de telecomunicaciones esta situación es más que patente. Mientras que el novel Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), avanza a pasos agigantados en temas no alineados con las prioridades internacionales en el desarrollo de las tecnologías de acceso a las telecomunicaciones y la información, al priorizar en su agenda la regulación y apertura de un servicio que está llamado a desaparecer ante el avance de la banda ancha, fija y móvil (me refiero a la televisión radiodifundida), en el frente del acceso a la banda ancha aún no se ven políticas concretas.

La piedra angular del avance que requiere este país para aumentar el bienestar de su población, logrando capilaridad de la banda ancha, es la denominada preponderancia. Esta condición, claramente presente en el mercado de la telefonía mexicana, en donde un mismo grupo empresarial detenta entre el 70 y el 80 por ciento de los accesos existentes de banda ancha que operan en el país, requiere de medidas serías e inminentes para aumentar la competitividad. De lo contrario, se perderá el gran calado que pretende la reforma.

El problema es que la prisa del regulador se encuentra manifiestamente ubicada en otro lado: mirando hacia el pasado. De hecho, hasta un buscapié lanzó respecto de qué pasaría si incumple su obligación constitucional de regular al operador preponderante a más tardar el próximo nueve de marzo. Esperemos que el clima navideño y el merecido descanso aclaren prioridades y objetivos, con la consecuente renovación de energía para lograr sintonía entre los actos de nuestras autoridades y las necesidades nacionales.

                                                                                                                 

Twitter: @ruizvegamex

Foto: http://www.freedigitalphotos.net

 

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