2019-07-30
La semana pasada escribí en este espacio sobre el proyecto que anunció el presidente López Obrador para llevar servicios de telecomunicaciones e Internet a todo el territorio nacional, bajo la premisa de que gran parte del territorio nacional no está cubierto por redes de telecomunicaciones. Enfoque que no es necesariamente el más adecuado. Ningún país tiene cubierto el 100% de su territorio con servicios de acceso a redes de telecomunicaciones, porque simplemente no se justifica.
Pero dado el avance del nuevo proyecto de telecomunicaciones de la actual administración, resulta infructuoso ponernos a discutir sobre si se justifica o no garantizar que todo el territorio nacional cuente con servicios de telecomunicaciones.
Lo relevante en este momento es discutir sobre la naturaleza del nuevo proveedor de servicios de telecomunicaciones de propiedad gubernamental. El tema no es menor, porque el propio presidente ha declarado en más de una ocasión que la nueva empresa, creada como filial de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (CFE), por un lado, ofrecerá al público servicios de telecomunicaciones, incluyendo el acceso a Internet, en localidades donde hoy no hay presencia de proveedores de dichos servicios, que por dichos servicios esta empresa no cobraría precios comerciales, sino lo necesario para cubrir el mantenimiento de esa red; y por otro lado, ha quedado revelado que buscará pisar fuerte en el mercado de contratos de gobierno.
Lo anterior, seguramente se constituirá en un desafío legal para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues se antoja que es muy probable que “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” busque vender su proyecto de red de telecomunicaciones como uno que no tendrá fines de lucro, con lo que buscaría quedar exceptuado de una amplia gama de obligaciones regulatorias que sí tendría si se justificara como un proyecto comercial. El problema regulatorio surge cuando sabemos que esta empresa también buscará prestar servicios de telecomunicaciones a entes gubernamentales, un servicio que es considerado como un servicio final.
Al pretender prestar servicios de telecomunicaciones a entes gubernamentales como el caso de Bansefi, que en breve se denominará el Banco del Bienestar, o a otros entes o poderes públicos, como los poderes Legislativo o Judicial, o bien, órganos autónomos como el propio IFT o INAI, por citar algunos, necesariamente debe contar con una concesión de uso comercial. No hay forma de que el IFT haga como que no supo que esta empresa pretendía participar en el lucrativo mercado de compras de gobierno.
El problema se complica aún más, porque estrictamente hablando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece con claridad en el artículo 140 que cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones con participación pública no puede prestar servicios de telecomunicaciones a usuarios finales, como sería el caso de los contratos con entes públicos.
Así que habremos de estar atentos a ver cómo estira sus criterios el órgano regulador para atender este desafío legal, porque si estira la interpretación legal para un lado, hacia la arista de cobertura social, obvio no tiene cabida la pretensión de que esta empresa ofrezca servicios a entes públicos. Si estira su interpretación hacia la arista de permitirle atender a entes públicos, el siguiente obstáculo es, como ya señalé, que no puede ofrecer servicios a usuarios finales, porque en el caso del universo de usuarios que representan los entes públicos, no hay forma de justificar que en los lugares donde éstos se ubican, no existe ningún proveedor de servicios de telecomunicaciones, que es la única excepción bajo cual el marco legal le permitiría brindar servicios a usuarios finales, que no haya presencia de otros proveedores.
El problema es que nadie se ha atrevido a decirle al presidente qué opciones más razonables habría para atender el objetivo que él persigue. Mientras tanto, el IFT deberá lidiar con un Frankenstein regulatorio, lo que desde luego es inaceptable.
