Backup / ¿Ignorancia o triangulación de recursos?

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Gerardo Soria
El Economista
Apenas un año antes de las elecciones federales y a escasos meses de haber llegado a la Presidencia de la Cofetel, Mony de Swaan decidió contratar servicios de asesoría y superación académica para su personal, por un monto que a la fecha supera los 49 millones de pesos (si consideramos que la Cofetel tiene 600 empleados, estamos hablando de más de 80,000 pesos por cabeza, incluyendo al personal de limpieza, por supuesto); una inversión atractiva y necesaria en la fantasiosa mente del señor De Swaan; un gasto sospechosamente injustificado y probablemente violatorio de la legislación aplicable en mi opinión.
Todo comenzó el 21 de junio del 2011 cuando la Cofetel, a través de su Presidente, celebró un Convenio General de Colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), justificado en la necesidad de la Comisión de recibir apoyo por parte de dicha universidad “para establecer las bases y los mecanismos para la realización de actividades conjuntas, encaminadas a la superación académica, formación, capacitación, asesoría y consultoría profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; la divulgación del conocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales…”. Sea lo que sea que esto signifique.
El convenio, con número CFT/UAEM-FONDICT/11, con una vigencia de tres años prorrogables, en sí mismo no parece grave pues, a pesar de su abstracto objeto, consiste en una especie de intercambio académico entre el gobierno y la universidad, innecesario pero inofensivo todavía sin una contraprestación establecida. Además, por tratarse de un intercambio entre una dependencia del gobierno con un organismo público descentralizado, el convenio estaba exento del cumplimiento de la mayoría de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en términos de su artículo 1, al grado de que ni siquiera fue publicado en el rubro de contrataciones del sitio en línea de la Comisión.
Las sospechas comenzaron cuando, un mes después de la firma del convenio y como consecuencia del mismo, la Cofetel comenzó a firmar contratos con la UAEM para la prestación de servicios específicos que tan sólo al 13 de julio del 2011 ya sumaban una contraprestación total de 38 millones 967,407.48 pesos. Entre estos servicios, se incluyen muchos conceptos igual o más abstractos que los señalados en el convenio, como son el diseño funcional de la estructura del modelo operativo básico de la Cofetel, soporte, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones para la Cofetel, el modelo de alineación estratégica, el programa de comunicación vía Internet Cofetel, entre otros, que de nuevo nos llevan a cuestionar la administración de recursos de la Cofetel.
No queda claro si se trató de una asesoría para el personal de la Cofetel, de la superación académica de los alumnos de la UAEM o del desarrollo de aplicaciones, modelos y programas para el debido funcionamiento de la Comisión. En cualquiera de esos casos, lo que sí queda claro es que ninguno de dichos conceptos amerita un gasto de casi 50 millones de pesos. Se supone que las entidades y dependencias del gobierno tienen un perfil establecido para cada uno de sus puestos y que dentro de las obligaciones, responsabilidades y conocimientos de los servidores públicos deben incluirse las suficientes para que tengan la capacidad de satisfacer los requerimientos de sus cargos, sin que sea necesario contratar la ayuda de especialistas. La Cofetel tiene puestos establecidos específicamente para funcionarios con conocimientos en telecomunicaciones y para servidores encargados de los procesos internos de dicha Comisión, que ya reciben un sueldo por sus servicios y que con el mismo deben encargarse de que la Cofetel funcione para sus propósitos.
Ya sea que los servidores -tal vez algunos, amigos de Mony- no cumplan con sus perfiles, como sucede en el caso del propio Presidente de la Cofetel, y que requieran asesoría, capacitación, modelos y programas para trabajar, o bien, que el dinero pagado a la UAEM nunca se haya materializado en un servicio. Lo que es cierto es que el proceso de contratación pasó de ser un simple convenio de colaboración mutua, para convertirse en una contratación millonaria, exenta de la aplicación de la LAASSP, para la adquisición de servicios inciertos e innecesarios que a la fecha desconocemos si son prestados por empleados o alumnos de la UAEM -en cuyo caso me preocuparía que nuestros altos funcionarios requirieran de asesoría de universitarios- o tal vez por terceros amigos beneficiados por una triangulación que evade la aplicación de los procedimientos previstos en la LAASSP.
Ahora que lo analizo, parece que empiezo a entender: paso uno: se aprovecha una excepción de la LAASSP para sacar de la jurisdicción y supervisión federal recursos que se transfieren a una entidad estatal; paso dos: la entidad estatal elegida es autónoma y tiene discrecionalidad para el manejo de sus recursos; paso tres: la universidad autónoma subcontrata a alguien, quizá a algún amigo de los amigos; paso cuatro: ¿dónde quedó la bolita? Digo que parece que empiezo a entender el porqué la Cofetel sigue buscando la información solicitada vía la ley de transparencia. Ojalá la encuentre para saber si el mal pensado soy yo y todo es claro, transparente y, por supuesto, legal.

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