Gerardo Soria
El Economista
En una completa necedad, a finales de octubre, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, publicó las bases para una licitación pública nacional para entregar e instalar decodificadores y antenas para señales de Televisión Digital Terrestre (TDT) en Tijuana. El procedimiento de licitación, al igual que muchos otros actos administrativos del señor De Swaan, se encuentra plagado de dudas, sospechas e irregularidades.
El 2 de julio del 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial un acuerdo que detallaba la política para la transición a la TDT, mismo que fue modificado el 2 de septiembre del 2010 por el presidente Calderón, quien estableció de manera específica las facultades y acciones que deberían llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para lograr la transición a la TDT.
Este último acuerdo distribuye facultades y atribuciones entre las dependencias y órganos involucrados, dejando a la Cofetel ciertas tareas enfocadas limitativamente a la conclusión de las transmisiones de televisión analógica, la licitación de la banda de 700 MHz y la asignación de nuevas concesiones y permisos de radiodifusión para transmisiones digitales. Asimismo, se creó una Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, integrada por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Economía, Educación Pública, y la Cofetel, que se encargaría de evaluar y propiciar la penetración de receptores digitales en la población; y simultáneamente se otorgaron facultades directas a la Secretaría de Economía para “instrumentar las acciones necesarias a efecto de facilitar la adquisición de receptores o decodificadores para recibir el contenido de las señales digitales”.
Así las cosas, y ante la clara delimitación de facultades en los artículos segundo, tercero, cuarto y octavo del acuerdo, al Presidente de la Cofetel le brillaron los ojitos cuando se enteró de que la distribución de decodificadores implicaba el desarrollo de procesos de adquisición millonarios, la parte favorita del servicio profesional de carrera para Mony de Swaan, desde sus pininos en el IMSS y ahora, en la Cofetel.
Alguno de sus amigos, asesores de la Cofetel, debió haberle explicado el principio general de derecho conocido como “quae non sunt permissae prohibida intelliguntur”, de acuerdo con el cual las autoridades, a diferencia de los particulares, únicamente pueden hacer lo que les está expresamente facultado por la ley y nada más. Puedo imaginarme la frustración que esto debió traerle al Presidente de la Cofetel, quien, aferrado a sus licitaciones de decodificadores como un niño a un juguete, se encargó de mover toda su maquinaria para emitir un acuerdo modificatorio al acuerdo original del 2004, que se publicó el 4 de mayo del 2012, autofacultándose a sí mismo como Presidente de la Cofetel para tomar las riendas del reparto de decodificadores, mandando por un tubo a la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital creada por el presidente Calderón.
Así, en su mundo alterno de facultades ilimitadas, brincándose toda la teoría que aprendió en sus grados, posgrados y demás y, desde luego, por encima de la Constitución federal, De Swaan decidió que licitaría decodificadores, pésele a quien le pese.
Más allá de estas consideraciones, suficientes para invalidar por completo la licitación LA-009D00001N10-2012, surgen otras inquietudes en relación con ella, tales como (I) el uso del presupuesto a cargo del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, supuestamente destinado a los servicios de telefonía y cuyas reglas de operación y mecanismos de asignación fueron modificadas integralmente apenas en septiembre del 2012; (II) el monto de la licitación que, hasta donde el propio De Swaan ha manifestado, supera los 300 millones de pesos y, en consecuencia, supera también los umbrales máximos permitidos por los tratados internacionales para convocar a licitaciones nacionales. Es decir, la licitación, por ley, debió ser internacional, pero sus amigos son muy mexicanos.
Por cierto, para quienes aun dudan del cinismo del Cisne en relación con el tema de la triangulación de recursos públicos al que me referí en artículos previos, el día de hoy la Universidad Autónoma del Estado de México respondió a la solicitud de acceso a la información 00116/UAEM/IP/2012, aclarando que subcontrató la totalidad de los servicios que supuestamente se prestaron a la Cofetel como parte de diversos contratos que le fueron adjudicados de manera directa por más de 50 millones de pesos. Si esto no es una triangulación de recursos, entonces, no sé de qué otra forma llamarlo.
