Autoridad expuesta

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Federico González Luna Bueno
El Financiero

La semana pasada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) notificó a Telmex el factor de productividad que servirá de base para determinar las tarifas de su canasta básica de servicios durante el periodo 2011-2014. La notificación llega con casi dos años de retraso y viene a ser una buena muestra de la debilidad regulatoria imperante.

El título de concesión de Telmex se expidió en 1990, y en él se incluyeron varias herramientas con las que el gobierno federal pretendió controlar el formidable poder que tendría la empresa que nacería a resultas de su desincorporación del Estado.

Una de esas herramientas fue la agrupación de cuatro servicios telefónicos de gran impacto social (a los que se llamó la Canasta de Servicios Básicos Controlados): local residencial, local comercial, larga distancia nacional y larga distancia internacional, en los cuales se impuso un cierto control tarifario que tenía -y tiene- un triple propósito:

A) Proteger al usuario de incrementos injustificados, a la vez que propiciar la disminución tarifaria gradual.

B) Inducir a Telmex a lograr un continuo mejoramiento en su productividad que le permitiera aumentar su rentabilidad.

C) Defender el proceso de competencia y libre concurrencia.

En la concesión se previó que a partir del 1 de enero de 1999 el control tarifario por parte de la SCT se realizaría por periodos cuatrienales, al inicio de cada periodo. A tal fin, se estableció que Telmex debe presentar un estudio que estime el costo incremental promedio de los cuatro servicios controlados.

Con base en ese estudio, la empresa propondrá la tarifa aplicable para los próximos cuatro años. La propuesta deberá hacerse a más tardar seis meses antes del inicio de la vigencia de la nueva tarifa y durante ese plazo, la SCT (por conducto de la Cofetel) revisará la propuesta; de no estar de acuerdo con ella, se nombrará un panel de tres expertos, uno nombrado por Telmex, otro por la Cofetel y otro… por ambas partes. Para colmo, hasta que exista una sola opinión de esa triada, la SCT podrá decidir sobre la tarifa aplicable.

En teoría, este procedimiento debería durar seis meses; en el caso que hoy nos ocupa, la definición tarifaria llega con 22 meses de retraso, hecho preocupante por varias razones:

A) Si Telmex lo deseara aún podría ampararse contra la resolución de la SCT.

B) Nadie sabe si se le ha causado un daño a los usuarios y al mercado de imposible cuantificación. Al decir de la empresa, las tarifas fijadas por la SCT son acordes con sus propias disminuciones tarifarias, pero ¿qué pasaría si los vientos no soplaran en la misma dirección?

C) Acusa un vacío de autoridad en un aspecto clave de las telecomunicaciones.

Las únicas tarifas que se encuentran expresamente reguladas en la industria de las telecomunicaciones en México llegan tarde, a través de un procedimiento complejo, enfrentado y muy expuesto a impugnaciones.

Un procedimiento diseñado de tal forma que, para proseguir su marcha, requiere la opinión favorable del regulado, obligando a la autoridad, inexplicablemente, a obtener el consentimiento de quien será sujeto del acto de autoridad. Además, nuevamente estamos ante la criticable “doble ventanilla”, en la que la Cofetel opina y la SCT resuelve.

No obstante, el procedimiento ofrece dos fortalezas importantes:

A) Propicia una disminución gradual y real de las tarifas al público.

B) Está basado en el costo incremental promedio de los servicios.

Dos principios clave que debieran recogerse en otras regulaciones tarifarias a los dominantes.

Por lo pronto se tienen resultados positivos, ya que para el cuatrienio 2011-2014 el nivel inicial de la canasta se fijó en menos 0.8 por ciento respecto del cierre de 2010, y el factor de productividad en 2.6 por ciento anual, lo que implica que el tope de la canasta básica de Telmex deberá disminuir 10 por ciento para finales de 2014.

La mala noticia es que, dado el retraso apuntado, las nuevas tarifas estarán vigentes por un breve plazo (y siempre que Telmex las acepte). En poco más de seis meses la empresa deberá hacer su nueva propuesta tarifaria.

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