La puesta en marcha de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión no ha sido fácil, en unas ocasiones por la falta de pericia o criterio de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, otras por acciones malintencionadas de operadores y partidos políticos, y ahora el entorno económico y el electoral se hacen presentes.
Por ejemplo, la política de televisión digital terrestre (TDT) se encuentra en estos momentos en un laberinto y le está costando trabajo encontrar su salida, para la cual, tiene como fecha el 31 de diciembre. El recorte al gasto público implantado por el gobierno, que reduce de 13 a 10 millones de televisores a repartir, es motivo de reflexión.
Como se ha comentado, existe el riesgo de que por el apagón analógico muchos hogares de escasos recursos se queden sin televisión en su totalidad; si a eso le sumamos la reducción anunciada por el gobierno, la situación se vuelve de alerta, sobre todo si tomamos en cuenta que para esas personas la única vía de entretenimiento es la televisión abierta, ante la imposibilidad de pagar otras opciones.
Pero eso no es lo único que tiene enfrente la TDT, ahora resulta que en el ámbito electoral está la discusión sobre la suspensión del programa de entrega de televisores por parte del gobierno durante las campañas electorales, para continuar después del 7 de junio.
Por ahora la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral solo se ha pronunciado por quitar la leyenda Mover a México del empaque de los televisores, pero queda pendiente el fondo en cuanto a la continuación del programa.
Hay que recordar que en 2013 el IFE pidió a la Cofetel suspender el apagón analógico en Tijuana, en virtud del proceso electoral en aquella localidad.
El hecho aquí es ver la capacidad de respuesta del gobierno ante las adversidades para llevar a cabo una política pública y el razonamiento que tenga la instancia electoral al resolver si la política de TDT tiene un uso electoral.
Detener la TDT sería una mala señal.
