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Antena / ¿Medios de Estado o de gobierno?

Javier Orozco

Antena / Milenio

Si bien los denominados medios públicos fueron motivo de olvido en el Pacto por México, ello no es privativo de que puedan surgir propuestas legislativas, de parte de organizaciones civiles o de los propios medios estatales, a fin de motivar su transformación, ya que ésta no puede ser postergada de sexenio en sexenio.

La inercia en la que se encuentran no es su mejor camino, pues necesitan definirse entre ser simples voceros gubernamentales o auténticos medios de Estado.

Sus principales problemas siguen siendo exceso de burocracia, equipo transmisor obsoleto, insuficiencia de recursos para inversión y falta de una política pública que les fije lineamientos de misión, contenidos y editoriales.

En México la radio y la televisión estatal deben encontrar un modelo que las convierta en una opción viable para el radioescucha o televidente, pues finalmente sus objetivos de creación son diversos a los de la radiodifusión comercial.

Buena parte de las opiniones considera que el principal problema es la falta de recursos, ya que en el PEF 2013, por ejemplo se ve que Canal 11 tendrá 643 millones; Canal 22, 231; Imer, 211; Radio Educación, 97, y el Organo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) 99 millones. El punto radica en que esos recursos no van a inversión tecnológica, a pesar del proceso de transición digital en curso.

El Imer solo contempla 600 mil pesos para obra pública en bienes propios y el resto para servicios generales y materiales.

En días recientes inició el nombramiento de nuevos directores en algunos de estos medios, como Canal 11 y 22, donde cabe hacer una observación, al ser los íconos de la tv estatal; el pasado 21 de noviembre la aún directora de Canal 22, Magdalena Acosta, planteó ante diputados poder transmitir su señal digital al interior del país sin la necesidad de utilizar al OPMA y contar con sus propias repetidoras, ¿acaso el Canal 11 no podría hacer lo mismo y no ser apéndice del OPMA?

En síntesis, se requiere reordenar los medios públicos, de tal sentido que se tenga una opción estatal y no una diversidad sin rumbo.

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