Amenaza a órganos reguladores

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2018-11-16

Hace un par de semanas explicaba en este espacio el riesgo que se percibía, por parte del gobierno entrante, respecto a la autonomía de los órganos reguladores que forman parte de la administración pública federal.

Comenté la iniciativa presentada por el diputado Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena, para quitarle autonomía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con el propósito de volverlos a sectorizar a la Secretaría de Energía (SENER).

Ahora nos enteramos que la futura Secretaria de Energía, Rocío Nahle, les pidió las renuncias a los comisionados presidentes de la CRE y de la CNH. Hay que recordar que estos nombramientos son transexenales, ratificados por dos terceras partes del Senado, y solo pueden ser removidos por causas graves.

El presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda, sí presentó su renuncia y dejará el cargo a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, el presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, no se dejó intimidar, y anunció que seguirá al frente del organismo hasta cumplir su mandato en 2023, tal y como lo mandató el Congreso.

Por otro lado, ya se publicó la ley de remuneraciones de servidores públicos, misma que va a encoger sustantivamente el salario de todos los funcionarios de gobierno, incluidos los órganos reguladores, por supuesto. Esta medida va a provocar una fuga de talento de estas instituciones, al tener mejores oportunidades de ingreso en la iniciativa privada.

Lo preocupante es lo que escribió Javier Tejado el martes de esta misma semana en su columna de El Universal. Hasta ahora ningún órgano autónomo (Banco de México, CNH, CRE, COFECE, Instituto Nacional de Transparencia, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional Electoral, entre otros) ha hecho nada al respecto. No están dispuestos a dar la batalla para defender su autonomía y presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

Al parecer el orden y andamiaje institucional de la administración pública va a cambiar por completo. El eliminar la autonomía de reguladores irá en contra de las mejores prácticas internacionales. Pero todo pinta a que así será. Regresaremos a una estructura robusta y monolítica central, y las decisiones técnicas estarán a cargo de las distintas secretarías de estado.

El reacomodo será interesante, no sin antes mencionar que habrá afectaciones a los sectores regulados. ¿Se espantarán aún más las inversiones?

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