Gerardo Flores Ramírez | El Economista | 21 Marzo 2016
Ayer leí una columna en un diario de circulación nacional en la que el autor elabora una serie de argumentos para defender una postura un poco rara: permitir que el agente económico que durante 26 años ha dominado los mercados de telecomunicaciones en los que tiene permitido participar, ahora entre a prestar el servicio de televisión de paga, que ha tenido prohibido desde su privatización en 1990, como una especie de salvaguardia competitiva. Digo que es una postura un poco rara porque aquellos que estudian con seriedad la competencia en los mercados, particularmente en aquéllos donde se sabe existen “fallas de mercado”, saben —incluso la OCDE lo ha advertido— que permitir que América Móvil entre a ese mercado sin que nos hayamos asegurado de que no sólo ha aceptado la imposición de obligaciones específicas, incluyendo, entre otras, “la total desagregación del bucle local”, sino que también la autoridad haya verificado su cabal cumplimiento, representa un riesgo serio para la aspiración de lograr que haya competencia efectiva en México.
Así lo explicó la OCDE en una reflexión que transcribo a continuación: “Sin embargo, el mercado mexicano tiene determinadas características que deberían obligar a las autoridades a considerar cuidadosamente si Telmex tiene derecho a prestar servicios de televisión de paga (…) Además, la red nacional y el poder financiero de Telmex lo hacen capaz de desplegar ampliamente los servicios de televisión de paga en un intervalo muy corto”. (Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, 2012. Página 96). Así que no es una ocurrencia o un “atavismo regulatorio”, como lo quiere descalificar el autor del artículo al que hago referencia.
Según el argumento del autor, impedir que América Móvil (debo reconocer que no lo dice expresamente, pero es el mensaje que hábilmente desliza entre líneas) preste el servicio de televisión de paga significa que en México no se garantiza el derecho a la información. Por ejemplo, nos machaca que “las libertades comunicativas, de expresión, de acceso y de información, protegidas por la ley, son universales y también se ejercen en el mundo digital. No se ejercen sin infraestructura y su ejercicio pleno está directamente determinado por la tecnología multiplataforma y hasta donde nos lleve la innovación”. También, “los ciudadanos deben tener acceso a las TIC y para ello debe garantizarse infraestructura, cobertura y multiplataforma convergente para todos, por todos los operadores”.
Lamentablemente, no puedo coincidir con él en forma alguna. No soy ingenuo. Al agente preponderante lo que menos importa es el ciudadano, su bienestar y sus derechos, lo que en realidad le importa es el bienestar de sus accionistas. Si algo caracterizó al dominante en nuestro país por años es el desprecio por el usuario. Así quedó demostrado en el reporte de la OCDE que cito arriba, en el que los expertos de ese organismo estimaron que los elevados precios que existían en México, debido a la ausencia de competencia efectiva, generaban un costo en bienestar a los mexicanos cercano a los 26,000 millones de dólares americanos por año. Por ello, lejos de considerarlo un monopolista generoso, bien se le podría considerar como el “ogro filantrópico de las telecomunicaciones”, parafraseando a Octavio Paz, que hablaba de cómo el Estado mexicano se había convertido en un obstáculo para el desarrollo.
Así que ese discurso de que debemos exigirle al IFT que permita que América Móvil pueda prestar televisión de paga porque nos preocupa que el ciudadano pueda ejercer plenamente sus derechos, es una verdadera falta de respeto a ese ciudadano al que supuestamente se quiere proteger. El día que haya verdadera competencia efectiva en el sector telecomunicaciones, seriamente demostrada, habrá de debatirse a fondo esta cuestión.
*El autor es senador de la República.
