Un decreto a medida de los gigantes de las telecomunicaciones

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A través de un decreto, sin debate ni audiencias públicas previas,el Ejecutivo autorizó a las compañías telefónicas a operar licencias de televisión por cable y a los cableoperadores a ingresar en el negocio de la telefonía celular. La medida entrará en vigencia en enero de 2018.

El decreto generó críticas entre los especialistas en telecomunicaciones. Martín Becerra, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet, señaló que el “gobierno vuelve a cambiar las reglas de juego en materia de comunicaciones”, en referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri hace un año, con el que se desarticuló la Ley de Medios.

“Los gigantes del sector de las comunicaciones, comenzando por Telefónica y el Grupo Clarín, mejoran sensiblemente sus condiciones para acceder y explotar recursos públicos (como el espectro radioeléctrico) y así maximizar beneficios”, escribió Becerra en su blog.

Para Becerra, la “fragilidad regulatoria vuelve a crujir ante nuevas reglas de juego diseñadas a la medida de necesidades e intereses privados tan coyunturales como específicos”. En ese sentido, para el especialista en medios cabe la “duda” sobre “este decreto no será también modificado ante el siguiente cambio de coyuntura”.

Santiago Marino, Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Comunicación y docente, criticó la decisión del Ejecutivo de regular el sistema de medios y telecomunicaciones a través de distintos decretos, que le asignan a su vez mayor injerencia al Ente Nacional de Comunicaciones, también creado por decreto. “Es un organismo poco representativo y al que el Poder Ejecutivo puede revocarle todos los directores”, advirtió. “Se le asigna al Enacom una capacidad discrecional sobre la asignación de frecuencias y administración del espectro”, amplió.

Sobre la medida en sí misma, Marino evaluó: “Ganan Clarín (entra a telefonía móvil), Telefónica (insólita la reserva de 15 años de la última milla de redes que desarrolle) y DirecTV (puede dar lo que ya daba, Internet, pero de modo legal y con baja inversión). Vamos a ver qué ganan los ciudadanos como consumidores y si el gobierno gana eso que espera (las inversiones) que no llueven.”

Beatriz Busaniche, referente de la Fundación Vía Libre y Magíster de Flacso, hizo referencia a la reserva de la “última milla”, es decir el último tramo de la red troncal que brinda el servicio de internet, cable y telefonía en los hogares. Para entender la implicancia del alcance de este aspecto de la normativa, Busaniche puso de ejemplo la situación que podría darse en alguna de las pequeñas localidades del interior que no poseen ninguno de estos servicios vía cableado. En ese caso, si llegara una red de alguna de estas empresas, el monopolio por la explotación de las telecomunicaciones se extendería por 15 años.

“En las regulaciones como la europea se ataca la concentración del mercado y establecen que ese tramo debe ser abierto y compartido. Acá el Gobierno propone protección extrema para los grupos concentrados y el mercado queda cautivo de quien lleve el servicio a tu casa, por 15 años”, dijo Página/12.

Para Busaniche, el Gobierno está confeccionando un “entramado de híper concentración, que va a ser muy difícil de desmantelar. El sector de Telecomunicaciones suele ser muy concentrado por el tipo de inversión que requiere y el Gobierno hace exactamente lo contrario a lo que hay que hacer, es decir, favorece esa concentración”, indicó. “Me parece muy preocupante que se sigan regulando las telecomunicaciones por decreto. Se desguazaron leyes y sólo hemos visto decretos… es un área clave que no puede ser regulada de esta forma”, añadió Busaniche.

Por último, Agustín Allende Larreta, abogado especializado en medios, aclaró que el decreto es “solamente un reordenamiento de los jugadores del mercado en sus nuevas posiciones”. Sin embargo, Allende Larreta advirtió que la nueva reglamentación olvida “considerar las cuestiones puntuales del usuario, como las tarifas, la calificación de servicio público de aquellos servicios vitales para la ciudadanía como el acceso a Internet y la telefonía móvil”.

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