2019-01-07
Aunque el número de estas frecuencias aumentó con la reforma de telecom, aún se enfrentan al reto de un limitado financiamiento por parte del gobierno que les complica mantenerse al aire.
Las radios comunitarias tienen una tarea específica e importante: ayudar a las personas de una población determinada a recibir información sobre el lugar en el que viven. Sin embargo, su mantenimiento resulta una constante barrera para su subsistencia.
Aunque la reforma en materia de telecomunicaciones aprobada el 11 de junio de 2013 les trajo beneficios legales y jurídicos que les permitieron crecer en número, estas emisoras buscan que se realicen algunos cambios en la legislación para evitar que se apague su señal.
Desde esa fecha y hasta octubre del año pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó un total de 57 concesiones para uso de radio comunitaria en el territorio mexicano.
Juan Contreras, director de la Organización de Radios Comunitarias de Occidente (ORC), recuerda que previo a la normativa, la cifra de estas frecuencias de carácter público llegaba apenas a 17.
El representante del organismo relata que una manera de ayudarles a mantenerse al aire sería que los gobiernos estatales les otorgaran el uno por ciento de su presupuesto de Comunicación Social, pero como no están obligados a entregar dichos recursos, muchas radios comunitarias no reciben ningún apoyo, pues esto depende de la voluntad política.
“Con la reforma se establecieron mecanismos claros de financiamiento, aunque el uno por ciento es muy limitado porque el número de radios va aumentando. Es complejo subsistir porque también está muy limitada la venta de publicidad y no podemos vender espacios para ello”, detalla el presidente de la ORC
En este sentido, Ibis Guzmán, investigadora de radios indigenistas, comparte la necesidad de fortalecer estos espacios radiofónicos en los que se abordan temas que sólo atañen a un reducido porcentaje de la población considerados, en algunos casos, como minorías.
La también maestra en comunicación por la Universidad de Guadalajara agrega que los contenidos de estas emisoras no son del interés de los medios masivos, salvo casos específicos, situación que reduce su acceso a recursos financieros.
Otra barrera es su ubicación geográfica, ya que mientras más alejadas están de las urbes también aumenta la dificultad de la entrada de un mayor número de ingresos, destaca la especialista.
“Se piensa que estos modelos radiofónicos deben ser pobres, por ello se debe apostar por su capacitación para que sus operadores tengan la facultad de saber qué hacer con el financiamiento, lograr mejorar contenidos y crecer sus audiencias”, refiere Guzmán.
CAMBIAR LA SEÑAL
Las radios comunitarias proponen algunos cambios a las normas que se aprobaron hace más de cinco años con el fin de que les sea más sencillo obtener dinero que necesitan para mantener su señal al aire.
Juan Contreras, presidente de ORC, explica que durante el año pasado sólo 19 estaciones de las más de 100 que existen en territorio nacional pudieron acceder a la bolsa estatal de uno por ciento.
Mientras que en 2017 el IFT otorgó recursos por un total de un millón 284 mil 990 pesos a 15 radios comunitarias e indígenas como pago por concepto de publicidad, es decir, uno por ciento de los recursos de Comunicación Social.
Este financiamiento, informó entonces el regulador, sería empleado por los concesionarios de las bases radiofónicas para mejorar la calidad de contenidos en beneficio de sus audiencias en el país.
No obstante, el financiamiento para las radiodifusoras de carácter social resultan limitados, por ello algunas asociaciones de este sector han sostenido reuniones con integrantes de la Comisión de Radiodifusión de la Cámara de Diputados e integrantes del IFT a quienes externaron la posibilidad de ofertar espacios para publicidad e incrementar de uno hasta 10 por ciento el monto de los recursos que aporta el Gobierno federal y que además sean obligatorios
Al respecto, Sandra Rodríguez, socia de la firma legal Tecno Jurídica en Telecomunicaciones (Jentel), reconoce que existe una limitante para incrementar los montos para la operación de estas frecuencias, pero descarta que la solución sea incrementar el porcentaje de la partida con la que se deben finiquitar los gastos de publicidad estatal.
La abogada agrega que en caso de permitirles la venta de espacios publicitarios se correría el riesgo de perder su característica natural que las obliga a no tener fines lucrativos, aunque para otros especialistas es posible, siempre y cuando se realice con productores o marcas locales.
“El Estado quizá podría brindar algún tipo de incentivos o establecer programas de educación que se puedan divulgar en estas frecuencias, pero es necesario tener una política para otorgarles cobertura y conectividad”, manifiesta.
CRECIMIENTO ALENTADOR
A pesar de las dificultades para financiarse, el número de radios comunitarias ha aumentado en los últimos años.
Sandra Rodríguez dice que esto es consecuencia de los logros alcanzados con la reforma de telecomunicaciones y la disposición del IFT para otorgar espectro a diversos proyectos de telecomunicaciones públicas.
Por su parte, Juan Contreras reconoce que el regulador ha extendido la mano para trabajar en el establecimiento de las frecuencias públicas, aunque manifiesta su preocupación de que el Gobierno federal redujo presupuesto a ciertos rubros y desapareció las oficinas estatales de Comunicación Social con las que mantenían acuerdos para concentrarla en una sola división.
Ahora tenemos que ir a una dirección administrativa que depende de la Secretaría de Gobernación para hacer este tipo de gestiones, ya perdimos a las personas con quienes trabajábamos, va a ser complicado porque hay que empezar de nuevo”.
