UAN CARLOS PIZARRO | El Financiero Costa Rica | 27 de febrero de 2016.
¿Hacia dónde debería caminar Costa Rica en materia de telecomunicaciones? En términos sencillos, hay mucho por hacer e involucra la interacción de los sectores público y privado.
La concesión de frecuencias para telefonía celular, en el 2011, marcó el hito de un proceso que dista de estar consolidado. Hoy, el mercado costarricense de las telecomunicaciones está en pañales y a veces da la impresión que se circunscribe solo a la telefonía celular cuando en el Registro de Telecomunicaciones están inscritas empresas que proveen servicios como el Triple Play y televisión por cable y/o Internet, como es el caso de algunas cooperativas y empresas municipales.
Lentamente, nos dirigimos hacia la consolidación, en la que, por ejemplo, los operadores de telefonía celular urgen a que la Sutel aplique el artículo 50 de la Ley General de Telecomunicaciones dejando que el mercado sea el que fije, siempre bajo la supervisión de la Superintendencia, las tarifas por el servicio.
El objetivo es incentivar la competencia en beneficio del usuario. Sin embargo la Sutel debe tomar esta decisión con todos los elementos técnicos necesarios y determinar si en el mercado existen las condiciones suficientes.
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Para bien o para mal, el sentido de urgencia de la administración pública nunca coincide con el del sector privado y, lamentablemente, nuestra administración pública se caracteriza por una sobrecautela y temor a la toma de decisiones importantes y/o urgentes hasta que el problema no estalle en su rostro. Pero esto es otro tema.
Tres pilares
¿Qué deben esperar los actores del mercado hacia su madurez?
En primer lugar, dinamismo por parte de una Superintendencia que, aunque autoridad, sus funcionarios deben escuchar a los operadores (incluyendo al ICE), quienes tienen más experiencia en estos negocios y en la emisión de normativa que facilite la prestación de los servicios.
Segundo, los operadores deben ser conscientes de que su actividad descansa en tres pilares: a) derechos del consumidor, b) acceso al servicio y c) avances tecnológicos.
En los primeros dos supuestos, los operadores deben tomar en cuenta que, por norma, deben de permitir el acceso al servicio en los términos y condiciones que los contratos indican (incluyendo, la calidad). Además, la Sala Constitucional declaró el acceso a las telecomunicaciones como un derecho humano (resolución 2010012790). Así, un fallo en este sentido puede degenerar en incumplimiento del contrato de concesión o el título habilitante, un procedimientos ante la Sutel o incluso, ante la Sala Constitucional. En cualquier caso, el nombre de la empresa está en juego y en un mercado en competencia un mal nombre es un lujo que ninguno se pude dar. De ahí que, legalmente, es recomendable realizar periódicamente auditorías de las prácticas comerciales y los contratos que permitan identificar focos de riesgo.
Por otro lado, al sector público también le toca crear las condiciones que permitan ir cerrando la brecha digital. Un país que no entiende que debe cerrar lo más posible esa brecha para que la mayoría de su población tenga acceso de calidad a las telecomunicaciones está condenado a rezagarse en su desarrollo; es ahí donde la falta de sentido de urgencia de nuestra administración pública y el retraso en la toma de decisiones es un obstáculo que, a veces, raya en lo absurdo.
En cuanto a los avances tecnológicos, sabemos que el periodo de obsolescencia de los equipos (terminales, nodos, cores , equipos de enlaces, redes, etc.) es sumamente corto, de ahí que los operadores deben velar por estar actualizados para posibilitar un acceso adecuado a las velocidades de conexión que ofrecen (en el caso de Internet, por ejemplo) o la cobertura en materia de telefonía celular.
Sin embargo, sea que las tarifas las fije la Sutel o el propio mercado, los operadores están obligados a ser eficientes y maximizar sus recursos sin sacrificar la calidad o los derechos de los usuarios.
Nuestro mercado de las telecomunicaciones apenas está gateando, aún tiene por delante un largo trecho que recorrer.
Urge por lo tanto, de una vez por todas que el sector público sea más abierto y genere canales de comunicación más estrechos con los operadores, quienes podrán exponer sus necesidades y sugerencias de cómo resolver los problemas del sector. Solo de esta forma el país podrá avanzar aún más en este sector de la economía, generando mayor bienestar para todos.
