Algo no funciona con las medidas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aplica para equilibrar la situación en el mercado de la telefonía móvil. Resulta que primero ordenó acceso y una desinversión en el negocio de las antenas que repiten las señales de los competidores de América Móvil en un intento por lograr un desarrollo más equitativo en este sector; antes ordenó la suspensión de las tarifas de interconexión que provocó el enojo del fundador de esa empresa, quien reclama en todo momento al IFT que encabeza Gabriel Contreras la entrega de 300 millones de pesos mes a mes a sus competidores.
¡Escándalo! El problema es que ni con estas medidas – por sólo mencionar algunas – el gigante de la telefonía móvil deja de ganar terreno y, por supuesto, sigue siendo preponderante. En telefonía móvil y datos móviles América Móvil controlan más del 65.7 con más de 72 millones de suscriptores.
En otras palabras, no pasa nada porque la regulación para controlar a este gigante de las telecomunicaciones se ha convertido – al parecer – en un incentivo perverso mientras impugna en los tribunales cada resolución y gana tiempo. Conozco a muchos clientes que dejaron el servicio de AMX y que regresaron ante la mala señal de otros competidores ¿Mejor servicio? No creo.
Los mexicanos necesitan servicios más competitivos en sectores en donde aún se puede ganar terreno porque en los energéticos la batalla, por ahora, está perdida. A diferencia de otras áreas de esta industria más lúdicas, las telecomunicaciones fijas y móviles resultan estratégicas para el desarrollo del país y por ello, legisladores y sociedad, deben exigir a los comisionados del IFT que revisen seriamente lo que está sucediendo con las medidas para incentivar la competencia en las telecomunicaciones.
Cuando se anunció la reforma de las telecomunicaciones, el espíritu de los legisladores fue mejorar las condiciones de productividad de un país mejor conectado. Bueno, el propio fundador de Telmex ha reconocido que no se está invirtiendo lo necesario en áreas rurales.
¿Entonces? ¿Qué está fallando? Mientras esto sucede, el IFT regula con el mismo espíritu otros sectores en donde la convergencia tecnológica ha acelerado la competencia ofreciendo muchas opciones a los consumidores y en los cuales no es decisión de un jugador ni de sus estrategias en tribunales, la participación de nuevos rivales. Empleos, impuestos, generación de divisas, desarrollo regional y no concentración y defensa de un mercado con prácticas poco claras, son las aristas que el IFT tendría que ponderar en sus decisiones.
Sin embargo, la agenda del instituto podría correr el riesgo de ser mediática, de aplausos y sonrisas midiendo a todos con el mismo rasero y escuchando las voces que el circo romano piden un espectáculo que no beneficia a los consumidores y sí a una de las fortunas más grandes del mundo. Insisto, algo no está funcionando.
