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Empresas de telecomunicaciones en Brasil: más una prueba de la farsa desarrollista

La entrevista es de Patricia Fachin | Traducción de Juan Luis Hermida.

El sector de telecomunicaciones brasilero “demuestra de forma indiscutible” que el “Estado” ha sido “capturado por los intereses de los grandes capitales”, dice Gustavo Gindrea IHU On-Line, al comentar la actual situación del sector y la crisis de la Oi. Según él, los proyectos de telecomunicaciones en el país han sido realizados “con gastos del patrimonio y de recursos públicos”, porque “no hubo ningún criterio republicano para la elección de los empresarios beneficiados y principalmente, no había cualquier tipo de contrapartida para el crecimiento de las empresas”, demostrando que el proyecto desarrollista “no pasa de una farsa.” En resumen, dice, “no hubo contrapartida para la ampliación de la banda larga, para la generación de empleo y renta y para el desarrollo de ciencia y tecnología nacionales.” Y se pregunta: “¿Cómo puede ser desarrollista un proyecto que no tiene como objetivo desarrollar el país, sino apenas un selecto grupo de empresarios?”

En la entrevista a continuación, concedida por e-mail, Gindre analiza la crisis de la Oi, explica que ella es derivada de “tres momentos históricos diferentes” y defiende que la empresa “no puede quebrar”, pero, por otro lado, señala, “ella tiene socios que se muestran incapaces de gestionar la empresa y que están, inclusive, envueltos en las investigaciones de la Operación Lava Jato.”

El periodista también comenta el intento de las empresas de telecomunicaciones de cambiar la prestación de servicio de internet de banda larga en el país y explicita que “en síntesis, las empresas están vendiendo algo que no pueden entregar porque no invirtieron para poder atender la demanda inevitablemente creciente. Entonces, las operadoras precisan desesperadamente detener el consumo. (…) En la práctica, eso significa que la empresa venda una conexión de, por ejemplo, 20 Mps, pero ella no espera que usted utilice esa conexión todo el tiempo. Si usted opta por usar de hecho aquello que compró, tendrá que pagar más caro por eso. Así ella limita el consumo y se desobliga de invertir para atender la demanda creciente.”

Gustavo Gindre es graduado en Periodismo por la Universidad Federal Fluminense – UFF, pos graduado en Teoría y Praxis del Medio Ambiente, con maestría en Comunicaciones por la Universidad Federal de Río de Janeiro – UFRJ y doctorado en Historia de las Ciencias, de las Técnicas y Epistemología por la misma universidad. Fue miembro electo del Comité Gestor de la Internet (CGI.br) por dos mandatos (2004-2007 y 2007-2010) y es integrante del Colectivo Inter voces.

Lea aquí parte de la entrevista

IHU On-Line – ¿Cómo comprender el caso de “quiebra” de la Oi? ¿Qué cuestiones de fondo emergen de ese hecho, desde perspectivas económicas a políticas? ¿Y qué reflexiones promueven?

Gustavo Gindre – La crisis actual de la Oi es fruto de tres momentos históricos diferentes. Primero, el sabotaje practicado al modelo anterior, cuando la Telebras daba lucros, pero era impedida de invertir en su operación, porque los recursos eran confiscados para pagamento de la deuda externa.

Segundo, el modelo de privatización que copiaba una decisión judicial norte americana de 1982 y posteriormente sepultado por una ley de 1996, porque fracasó. O sea, copiamos lo que ya había ido mal, optando por fraccionar el país en pequeñas partes, creando empresas débiles e incapaces de competir en un escenario de globalización. El modelo fue adoptado en Brasil, en las vísperas de una elección presidencial, levantando sospechas de que el fraccionamiento tenía por objetivo agradar al mayor número posible de empresas, aumentando el potencial de contribuciones por medio de caja 2. Vale la pena recordar que el propio Mendonça de Barros, entonces ministro de Comunicaciones, llamó a los compradores de “tele pandilla” y “de ratas”.

Por fin, desde la privatización la Oi fue dirigida de forma extremamente temeraria, con varios negocios que fueron perjudiciales al patrimonio de la empresa, pero absolutamente ventajosos para sus accionistas controladores. Todo eso sobre la negligencia del poder público.

IHU On-Line – ¿Cuáles son las salidas y cuál imagina usted que sea el papel del Estado en la recuperación de la Oi, la mayor concesionaria de telecomunicaciones del país?

Gustavo Gindre – La Oi actualmente es la única operadora de telecomunicaciones en más de tres mil municipios. La empresa simplemente no puede quebrar. Por otro lado, ella tiene socios que se mostraron incapaces de gestionar la empresa y que están, inclusive envueltos en las investigaciones de la Operación Lava Jato. Tiene una deuda impagable de más de R$ 60 mil millones. Y dispone de una infraestructura ultrapasada que necesita de inversiones millonarias. Los únicos que irán aproximarse de la empresa ahora son los fondos buitres, dispuestos a ganar con la crisis, y empresarios de pésima reputación.

Por lo tanto, en primer lugar, es necesario cambiar el marco regulatorio para igualar las obligaciones. De la forma como está actualmente, la Oi queda con prácticamente todas las obligaciones, permitiendo que las gigantes América Móvil (Embratel + Claro + NET), Telefónica de España (Vivo + GVT), Italia Telecom (Tim) y AT&T (Sky) actúen apenas en los mercados más lucrativos. Sin una solución de ese problema, no hay futuro para Oi.

Por otro lado, hay que evitar a todo costo una estafa en las deudas de Oi con la Unión (impuestos, multas, BNDES, BB, CEF etc.). Una salida que se está negociando con el gobierno es el cambio de la legislación para permitir que Oi venda 7.500 inmuebles heredados con la privatización. Ocurre que, en el modelo actual, esos inmuebles deben ser devueltos a la Unión en 2025. Para que Oi pueda enajenar ese patrimonio será necesario que la Unión abra mano de tales inmuebles. O sea, habría una simple transferencia de recursos públicos para una empresa privada en la forma de patrimonio inmobiliario. El riesgo es que la Oi sea salva a través de la utilización directa e indirecta de recursos públicos, que las distorsiones actuales sean mantenidas y que más para adelante la empresa vuelva a mostrarse impracticable.

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