Finalmente dos consorcios presentaron ayer sus ofertas para la Red Compartida, el más grande proyecto del sexenio en materia de telecomunicaciones, y que marcará un parteaguas en los servicios de internet en México.
El consorcio, que ya se daba por un hecho, es el estadunidense Rivada Networks, que participa junto con Spectrum Frontier; ambos hicieron público su interés por participar en la Red Compartida e incluso estaban listos para la entrega de las ofertas antes de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concediera la tercera y última prórroga.
La gran sorpresa fue el consorcio Altan, antes Vetagrande, que está integrado por Axtel, y Megacable, así como por otras empresas que son desconocidas en México como Marapandi, Hansam, e IGI.
La SCT analizará ahora las ofertas y definirá al ganador a más tardar el próximo 4 de noviembre. El ganador será el grupo que ofrezca la mayor cobertura de la red y entre los factores que tendrá que analizar la SCT no sólo es la solvencia económica de ambos consorcios, sino la técnica, ya que entre los requisitos que se deben cumplir está demostrar que tengan experiencia de diez años en el despliegue de redes de complejidad comparable a la red compartida lo que es medio absurdo porque México es el primer país en desarrollar un proyecto tan complejo y ambicioso para ampliar la cobertura y abaratar los servicios de internet en México.
Lo interesante es que el costo de entrada para la Red Compartida es muy elevado. Se requiere una garantía de seriedad de mil millones de pesos y deberá entregar a Promtel una fianza o carta de crédito por cinco mil millones de pesos antes de la firma del contrato de asociación.
El reto para Fernando Borjón, director de Promtel, el organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, que estará al frente de la supervisión del despliegue de la Red Compartida será vigilar el cumplimiento del plan de negocios. Y la participación de Axtel-Alestra genera dudas por su red de fibra óptica que podría implicar influencia en la operación de la red y no cumplir con el principio básico de equidad para los otros operadores.
El ganador tendrá que meter el acelerador a fondo porque a pesar de las prórrrogas que otorgó la SCT para la presentación de las ofertas, se mantiene sin cambio la fecha para el inicio de operaciones que será a fines de marzo de 2018.
TELEFÁCIL DEMANDA A MÉXICO ANTE TLCAN
Un problema muy severo tendrá que enfrentar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT, organismo regulador del sector), que es presidido por Gabriel Contreras, porque la empresa Tele Fácil, que pretendía ofrecer servicios de telecomunicaciones e internet en México, presentó una demanda de arbitraje ante el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), contra el gobierno mexicano.
La demanda, que ya recibió la Secretaría de Economía, fue presentada por los estadunidenses y socios fundadores de Tele Fácil,Joshua Dean Nelson y Jorge Luis Blanco. La empresa se queja de medidas adoptadas por el IFT en materia de acuerdos de interconexión, que según la empresa afectó sus planes de inversión y benefició a la empresa preponderante.
Tele Fácil se creó en enero de 2010 para ofrecer servicios de telefonía local y de larga distancia, internet y televisión por cable en México, en la que también participa como socio Miguel Sacasa. En mayo de 2011 la empresa solicitó una concesión como operador que le fue otorgada en mayo de 2013. Al no poder llegar a un acuerdo de interconexión con Telmex, inició ante el IFT el proceso de resolución de disputa en julio de 2014.
En noviembre de ese año, el IFT resolvió a favor de Tele Fácil en la resolución 381, pero Telmex no cumplió en el plazo establecido y el 19 de diciembre solicitó al IFT que tomara acción, y reiteró su petición el 28 de enero y el 15 de marzo de 2015 sin respuesta por parte del IFT.
Acusan al organismo de que el 8 de abril de 2015, sin notificar a la empresa ni darle oportunidad de presentar sus puntos de vista, emitió una resolución, la 127, contraria a Tele Fácil, determinando tarifas a favor de Telmex.
Se quejan además de que el 4 de agosto de 2015 solicitaron al IFT el cambio a concesión única que no se ha otorgado y acusan al gobierno mexicano de violación al artículo 11 del TLCAN.
